En la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, el personal del cuerpo de Auxilio, que es el encargado de pasar los juicios en situación de normalidad laboral. está ejerciendo su derecho de huelga, y la persona que estaba de servicios mínimos ha cumplido estrictamente con los servicios esenciales, pero no ha atendido actuaciones que no están incluidas en dichos servicios esenciales determinados en la Resolución del Ministerio de Justicia.
El juicio celebrado el 10 de mayo correspondiente a un recurso de casación se ha celebrado finalmente sin presencia de ninguna persona del cuerpo de Auxilio Judicial y se ha llevado a cabo, por la decisión del presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y con presencia del Letrado de dicha Sala, que ha ejercido como si fuera personal del cuerpo de Auxilio guardando sala, grabando la vista y llamando a las partes.
Para el comité de huelga estas actuaciones pudieran constituir una presunta vulneración del derecho fundamental de huelga de las personas del cuerpo de Auxilio Judicial de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por haberse realizado una sustitución ilegal de trabajadores/as en huelga.
Esquirolaje: ¿por qué sustituir a un huelguista es ilegal?
Cuando un trabajador está ejerciendo su legítimo y constitucional Derecho a la huelga, está en realidad realizando una presión legítima sobre su empleador a fin de conseguir mejoras laborales, con un valor muy digno de admirar, pues está poniendo en riesgo su salario y con ello su principal medio de subsistencia.
La sustitución de ese trabajador por la dirección, o bien por mandos intermedios, con o sin conocimiento de la empresa y con el único fin de que la actividad en general no sufra ningún retraso o menoscabo, no es otra cosa que atentar contra el Derecho constitucionalmente reconocido del trabajador huelguista.
Esta actitud burla las expectativas de ejercer con el paro la legítima presión que viene autorizada por el art. 6.5 del Real Decreto-Ley 17/77, de 4 de marzo, en relación con el art. 28.2 de la CE, estando por tanto PROHIBIDA dicha práctica por la doctrina sentada jurisprudencialmente (por ejemplo en esta sentencia que os dejamos), entre otras razones, por el hecho de estar menospreciando y menoscabando un Derecho Fundamental, dejando a un lado a nivel moral, el hecho de ningunear despreciablemente al trabajador afectado.
En el BOE de hoy se publica Acuerdo de 4 de mayo de 2023, de la Comisión Permanente del CGPJ, por el que se convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo de personal administrativo en la Escuelas Judicial del consejo General del Poder Judicial.
Podrán tomar parte en el presente concurso el personal funcionario de carrera de las Administraciones Públicas pertenecientes o integrados en Cuerpos o Escalas clasificados en el subgrupo «C1» y el personal funcionario de carrera perteneciente a los Cuerpos o Escalas de Gestión Procesal y Administrativa y de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas para desempeñar el puesto de trabajo y los requisitos determinados en esta convocatoria en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes
Los funcionarios/as con destino definitivo podrán participar siempre que hayan transcurrido, al menos, dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo.
El plazo para la presentación de solicitudes será dentro de los QUINCE DÍAS HÀBILES, a contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE.
Las solicitudes para tomar parte en el concurso se ajustarán al modelo que está disponible en la página www.poderjudicial.es «Empleo Público - Convocatorias en curso -2023.
Las solicitudes, debidamente cumplimentadas e impresas, se dirigirán a la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial y, junto a la documentación que se indica, se presentarán en:
En el Registro General del propio Consejo (Marqués de la Ensenada, núm. 8, 28071 Madrid).
a)
En los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en virtud de lo dispuesto en la disposición final séptima, disposición derogatoria única, apartado 2, último párrafo y disposición adicional quinta de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b)
En la sede electrónica del Consejo General del Poder Judicial https://registroelectronico.poderjudicial.es/tramites/TR0000000402, si se dispone del correspondiente certificado electrónico.
A la espera de lo que pueda hacer el Ministerio, recomendamos que aquellos a los que no se le han puntuado méritos o no se le han puntuado bien, presenten las alegaciones pertinentes en el plazo establecido.
Al conocer el contenido de la denominada carta a la Ministra publicada ayer, 8 de mayo, por las asociaciones de Letrados y Letradas de la Administración de Justicia, el Comité de huelga MANIFIESTA:
La ola de
indignación y enfado entre el personal de Justicia y el estupor y perplejidad
que hemos detectado en la ciudadanía que ha podido leer ese comunicado es una
realidad inapelable.
Desde el Comité
de huelga lamentamos el contenido del comunicado publicado por tres
asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia el pasado lunes.
Queremos pensar
que ese comunicado, redactado desde la soberbia por las asociaciones, no
representa a la totalidad de los Letrados/as de la Administración de Justicia
ni tampoco puede representar a ese Cuerpo superior jurídico que es algo más
serio de lo que se deduce del contenido de esa carta.
Con ese
comunicado, las tres asociaciones de Letrados/as de la Administración de
Justicia, demuestran su escaso interés por el servicio público y su obsesión, por
compararse con todo el mundo a su alrededor sin valorar lo que son ni mucho
menos entender las relaciones laborales modernas.
Las
asociaciones de LAJ muestran su lado más oscuro en una carta en la que,
abiertamente, solicitan al Gobierno que no ceda ante las reclamaciones justas,
aunque ellos no lo crean así, del resto del personal de justicia incluidos los
Jueces y Fiscales.
Tras el
reconocimiento de más de 650 euros al mes en menos de año y medio, amenazan al
Gobierno con una nueva huelga si se produce una mejora salarial en el resto de
Cuerpos.
Pero lo peor de
esa carta es el descrédito profesional como servidores públicos, tanto dentro
de la oficina judicial como ante la sociedad, en el que sumen a los compañeros
y compañeras Letrados y Letradas de la Administración de Justicia.
Un descrédito
que ya se ganaron a pulso con su actitud durante “su huelga” obligando a la
suspensión de celebración de juicios sin respaldo legal (véase el propio
informe de la Abogacía del Estado al respecto), con el trato despectivo hacia
el resto de personal de las oficinas judiciales, mandándoles a “ordenar
armarios” y presionando para que no se trabajara ni siquiera en borrador.
Hoy, los
Letrados de la Administración de Justicia, los llamados a ser la nueva
centralidad de la Justicia, el eje transversal de la nueva oficina y antes
denominados la piedra angular, espoleados por este tipo de expresiones
grandilocuentes y fuera de la realidad que les regala el propio Gobierno desde
hace años y en el acuerdo de 28 de marzo, dan un “ejemplo de liderazgo” al
menospreciar, como lo hicieron con el desafortunado tweet en el que afirmaban
hacer el 90% del trabajo de la oficina judicial, al resto del personal de
Justicia.
Esa carta les
inhabilita para liderar nada porque no se puede liderar desde el desprecio, la
envidia y la soberbia.
Recordamos que
con la acción sindical de las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial
siempre ha sido beneficiario también el cuerpo de LAJ (recuperación de los tres
días de permiso, inclusión en la LOPJ del derecho a la carrera profesional,
obligación introducida en la LOPJ para la mejora del complemento específico,
etc.), incluso con movilizaciones y huelgas en las que nunca han participado
(más bien han dificultado) los trabajadores y trabajadoras del resto de cuerpos
generales y especiales hemos conseguido defender también sus derechos
laborales, impidiendo, por ejemplo que el centro de destino fuese la totalidad
de plazas del municipio (huelga de noviembre de 2018) o subida del complemento
específico (manifestación en Madrid y acuerdo de diciembre de 2021).
Mientras, estas
asociaciones de LAJ, corporativas e insolidarias, se han empeñado en dificultar
los derechos del resto de personal, posicionándose y actuando en contra de la
promoción interna desde el cuerpo de Gestión y oponiéndose a que la sustitución
de Gestión a LAJ sea el mecanismo ordinario de cobertura de vacantes o
ausencias, asuntos en los que hasta ahora han tenido el inapreciable apoyo del
Ministerio de Justicia, tan clasista o más que las propias asociaciones.
Asimismo,
siguen defendiendo estas asociaciones, sin pudor alguno, que la productividad
derivada del trabajo que hacemos todos los cuerpos solo la cobren los y las
LAJ, la imposición de turnos de sustitución sin retribución en el cuerpo de
Auxilio mientras defienden solo para LAJ la retribución de estas sustituciones
o la falta de solicitud de algunos/as LAJ del nombramiento de personal interino
cuando ese es su interés personal que nada tiene que ver con la mejora del
servicio público.
El ejercicio de
una actividad representativa y de un cargo en una organización sea un sindicato
o una asociación exige responsabilidad, algo de humildad, vocación de servicio
y sentido común, algo de lo que, a la vista de la carta, al menos los
redactores de esa carta carecen en claro perjuicio para los intereses
profesionales de los compañeros y compañeras de este Cuerpo de la
Administración de Justicia, de los del resto de cuerpos y del propio servicio
público.
Se convoca asimismo una nueva manifestación en Madrid, con personal de justicia de toda España, el día 25 de mayo.
Desde el pasado 24 de abril el Ministerio de Justicia no ha convocado al comité de huelga ni ha presentado ninguna propuesta económica para solución del conflicto.
El gobierno está haciendo oídos sordos a las contundentes movilizaciones y huelgas que venimos realizando con paros parciales de tres horas inicialmente y con jornadas completas de huelga en los día 19 de abril, 4 y 9 de mayo, y que continuarán los próximos días 10, 11, 16, 17 y 18 de este mismo mes.
Las huelgas, secundadas por un 90% de las plantillas, ya han provocado la suspensión de centenares de miles de juicios y otras actuaciones procesales y están generando un colapso absoluto de la administración de justicia mientras al ministerio de la Sra. Llop parece no importarle este gravísimo perjuicio al servicio público y a la ciudadanía del que sólo son responsables ella y su equipo (con la complicidad del Ministerio de Hacienda y Función Público) al dar un trato discriminatorio y clasista al 93% del personal que constituimos los cuerpos generales y especiales.
Tras la subida retributiva acordada ya para el cuerpo de LAJ, la oferta económica a las asociaciones profesionales de las carreras judicial y fiscal sigue creciendo, mientras sigue siendo de cero euros para el resto de cuerpos, chantajeando además a sus representantes sindicales ofreciendo la negociación de la modificación de la LOEO y el desbloqueo de la carrera profesional solo en el caso de que renunciamos a una subida generalizada del Complemento General del Puesto, chantaje que de ningún modo vamos a aceptar.
Exigimos nuevamente al Gobierno la presentación al Comité de Huelga de una oferta económica para la subida del complemento general del puesto y el inicio inmediato de su negociación (como se ha hecho para jueces/zas y fiscales), la modificación pactada de la LOEO y el desarrollo, también negociado, del complemento de carrera profesional fijándose el abono a corto plazo de las cuantías iniciales de este complemento.
Si no se
produce esta rectificación por parte de los ministerios de justicia y hacienda,
a partir del lunes, 22 de mayo, la huelga será indefinida todos los días de la
semana de lunes a viernes.
Lamentablemente
y a pesar de nuestras continuas quejas al respecto, cada vez tardan más en
publicar los resultados de los procesos selectivos, con el consiguiente daño
que eso supone para todos aquellos que os habéis presentado a los mismos y
estáis pendientes de los resultados.
Otro motivo mas
si cabe, para exigir el debido respeto a aquellos que con nuestro trabajo y
esfuerzo sacamos adelante esta Administración y sin los cuales ella no es nada.
¡¡¡POR TU
DIGNIDAD Y RESPETO, MOVILÍZATE!!!
La resolución de la dirección del CEJ estipula que en esta tercera convocatoria se ofertan 1.520 plazas, repartidas en cuatro cursos online de 380 plazas cada uno. Dos de ellos son de Word básico y Excel básico, a los que se suman uno de PowerPoint y otro de Outlook. Esta oferta formativa se incluye entre las más de 6.000 plazas que habilita el CEJ para cursos online de Word, Excel, PowerPoint y Access.
La distribución de plazas por carreras y cuerpos para cada una de las
actividades convocadas se realiza de la siguiente manera:
- 50 plazas destinadas a la carrera Fiscal.
- 90 plazas destinadas al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
- 20 plazas destinadas al cuerpo nacional de Médicos Forenses.
- 6 plazas destinadas al cuerpo de Facultativos del INTCF.
- 10 plazas destinadas al cuerpo de Abogados del Estado.
- 75 plazas destinadas al cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
- 75 plazas destinadas al cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
- 50 plazas destinadas al cuerpo de Auxilio Judicial.
- 2 plazas destinadas al cuerpo de Técnicos Especialistas del INTCF.
- 2 plazas destinadas al cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del INTCF.
El curso básico de Word se impartirá entre el 22 de mayo y el 30 de junio, al
igual que el básico de Excel y el de PowerPoint. La formación en Outlook
abarcará del 22 de mayo al 23 de junio.