Catalá se reúne con las organizaciones sindicales para abordar
el futuro del Registro Civil
CATALÁ ASEGURA EN LA REUNIÓN QUE, APUESTA POR UN REGISTRO CIVIL,
DESJUDICIALIZADO, PÚBLICO, GRATUITO, CERCANO A LA CIUDADANÍA, DENTRO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, GESTIONADO POR FUNCIONARIOS DE JUSTICIA Y CON EL
MANTENIMIENTO DE SU ACTUAL ESTRUCTURA TERRITORIAL EN PARTIDOS JUDICIALES Y
JUZGADOS DE PAZ.
El Ministro afirma que está dispuesto a utilizar la proposición de ley de
Unidos Podemos como punto de partida para modificar la Ley 20/2011 del REGISTRO
CIVIL en los términos que ha anunciado, pero que antes de apoyar dicha
proposición en el Congreso, quiere negociar con los representantes de las y los
trabajadores para llegar a un acuerdo definitivo.
Todos los sindicatos hemos manifestado que apoyamos la proposición de Ley de
Unidos Podemos como vehículo normativo para dar una solución definitiva al
modelo de Registro Civil y hemos reclamado al ministro Catalá que el Grupo
Popular la apoye en el Parlamento español.
Si bien, todos los sindicatos representativos hemos manifestado nuestro acuerdo
con las palabras del Ministro Catalá, porque representan un avance sustancial
del Ministerio de Justicia sobre sus posiciones iniciales, las intervenciones al final de la
reunión del Ministro y de la Secretaria de Estado de Justicia ponen un borrón
preocupante sobre sus intenciones finales.
Ambos, pero especialmente la Secretaria de Estado, han manifestado claramente,
que, para apoyar la proposición de Ley de Unidos Podemos en la toma de
consideración en el Congreso (que para los sindicatos es la única opción
posible para que, antes del 30 de junio de 2018 y si no se quiere una nueva
prórroga, pueda debatirse en el Congreso y aprobarse la reforma de la Ley
20/2011 en el camino de defender el Registro Civil como lo ha sido durante 140
años), ponen una condición: van a trasladar a los sindicatos representativos
sus desacuerdos con la misma y nos emplazan a negociar.
Los sindicatos representativos les hemos trasladado que se apoye desde el Grupo
Popular la toma en consideración de la proposición de Ley de Unidos Podemos, ya
que contiene todo lo que contenía la proposición de Ley del Grupo Popular que
no fue aprobada, y que presenten las enmiendas que consideren, tanto desde
dicho grupo como desde el resto. De esa manera, se empezaría a tramitar en el
Congreso esta proposición de reforma de la Ley 20/2011, que contiene la inmensa
mayoría de las reclamaciones de las y los trabajadores en defensa del Registro
Civil, y se abriría el camino definitivo para solucionar de una vez esta
situación, que ya dura 6 años, y sin perjudicar el derecho de los grupos
parlamentarios a defender sus enmiendas para mejorar el proyecto desde la
perspectiva de cada grupo.
Las organizaciones sindicales hemos interesado al Ministro que, si fuese
necesario, mientras se tramita la modificación de la Ley 20/2011, se prorrogase
la vacatio legis de la citada Ley, introduciendo en la norma que prevea la
vacatio todos los puntos aceptados por el Ministro en su intervención.
Pero parece que lo que pretende el Ministro y la Secretaria de Estado es que
los sindicatos avalemos enmiendas del Gobierno a la proposición de Ley de
Unidos Podemos, porque son líneas rojas para el Gobierno y el Grupo Popular,
para de esa forma poder justificar su voto favorable a un proyecto ante la
ciudadanía, que ha sido elaborado por otro Grupo.
La próxima semana el Ministerio de Justicia nos remitirá los contenidos que
rechazan sobre la proposición de Ley de Unidos Podemos, y que quieren presentar
para negociación con los sindicatos, antes de tomar la decisión de apoyar o no
la toma en consideración de dicha proposición de Ley.
Los sindicatos hemos trasladado al ministro de Justicia, a la secretaria de
Estado de Justicia y a todo el equipo (ha asistido también, entre otros, el
director de los Registros y del Notariado), que estamos dispuestos a negociar,
pero que debe ser el Ministerio el que traslade su propuesta inicial.
¡¡¡EN DEFENSA DEL REGISTRO CIVIL!!!
PÚBLICO, GRATUITO, CERCANO A LA CIUDADANÍA, ¡SERVIDO EN EXCLUSIVA POR EL
PERSONAL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y CON EL MANTENIMIENTO DE
SU ACTUAL ESTRUCTURA TERRITORIAL Y DE TODOS SUS PUESTOS DE TRABAJO.
