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Por si
alguien lo dudaba, en este artículo publicado ayer en El País se desvela cómo
será la financiación de la privatización del Registro Civil, y que STAJ viene denunciando desde hace mucho
tiempo. STAJ exige al Ministerio de Justicia
que deje ya de mentir a los ciudadanos y explique públicamente sus planes para
“regalar” a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles un servicio público que
ha venido siendo gratuito desde hace siglo y medio, financiado únicamente con
los impuestos de los ciudadanos y sin tasas ficticias y artificiosas creadas ad
hoc para pagar por trámites inventados e inútiles.
El
Gobierno está negociando con los registradores mercantiles nuevos aranceles y
nuevas gestiones por las que los ciudadanos deben pagar para compensarles por
asumir la gestión del registro civil, según un documento interno del Ministerio
de Justicia. El Gobierno busca la forma de retribuirles de forma encubierta a
través de enmiendas al proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en
el ámbito de la
Administración de Justicia y del Registro Civil que se
tramita en este momento en el Congreso.
El
anterior Gobierno promovió en 2011 un cambio legal que se aprobó en el Congreso
por unanimidad para desjudicializar el registro civil. Dejó en el aire qué
funcionarios asumirían la gestión hasta que el anterior ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, decidió que serían los registradores mercantiles los
que asumieran esa función a pesar de que no tienen nada que ver con ese
cometido, con el compromiso de no provocar encarecimiento o coste para los
ciudadanos por el uso de este servicio que ahora es gratuito.
Sin
embargo, los registradores mercantiles exigieron compensaciones que el actual
titular de Justicia, Rafael Catalá, busca cómo satisfacer. Son funcionarios,
pero sin salario público, con ingresos que dependen de sus gestiones y, además,
deben utilizar a más personal para hacerse cargo de la gestión del registro
civil. Por eso, las enmiendas que estudia Justicia y que presentará el PP en
los próximos días han sido negociadas con el Colegio de Registradores, y en los
borradores se establecen nuevos cometidos que sí costarán dinero a los
ciudadanos. Por ejemplo, se establece que los poderes y los registros de
seguros deben ser inscritos, trámite que hasta ahora no era necesario y por el
que cobrarán los registradores.
Fuentes
de Justicia admiten que esas peticiones están incluidas en un “documento
interno de trabajo” que sirve de borrador de las enmiendas y en el que se habla
abiertamente de mecanismos para que los ciudadanos paguen de forma encubierta
esa gestión del registro civil. Estas fuentes aseguran que aún no hay nada
decidido.