Durante el debate, el PNV, UPyD, CiU y PSOE han mostrado su apoyo a la regulación de la mediación como un sistema alternativo a la vía jurisdiccional en la resolución de conflictos aunque han discrepado de que existan razones de urgencia para ser tramitada como Decreto-Ley.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha justificado la vía excepcional por la directiva europea que impone a España que incorpore la mediación en su ordenamiento jurídico. El Estado español corría el riesgo de ser sancionado económicamente por el retraso en su transposición.
El titular de Justicia ha calificado la vía de la mediación como "un auténtico cambio cultural", construido en torno a la intervención de un profesional "imparcial" que facilita la resolución de los controversias por las propias partes y donde se configura el acceso a los tribunales como "último remedio".
A su juicio, la norma contribuirá a dotar de mayor competitividad la economía española al tiempo que reducirá las altas tasas de litigiosidad en los juzgados y tribunales. Aunque el presente texto se circunscribe a la legislación mercantil, procesal y civil, el ministro ha reconocido que se podría extender en un futuro al ámbito penal y al Contencioso-Administrativo.