En los Presupuestos no se han recogido todas las posibilidades sobre las que están trabajando intensamente, y la intención es adoptar nuevas medidas en dos direcciones, la productividad en el sector público y, ligado a ella, un aumento del ahorro en el gasto autonómico. La concreción depende de la oportunidad política, de la contestación social y de la evolución del escenario económico.
En relación a lo primero, el Gobierno está sujeto a su compromiso de no aprobar nuevas reducciones en el sueldo de los funcionarios, como la que adoptó el Ejecutivo socialista en el ajuste extraordinario de mayo de 2010. Pero hay otras opciones planteadas que se sumarían a la extensión de la semana laboral a las 37,5 horas. Entre ellas,la revisión de los complementos actualmente en vigor en la función pública; la reducción de los días por asuntos propios, los conocidos como «moscosos», en honor al ex ministro socialista Javier Moscoso, que fue quien los aprobó, o la revisión de los trienios (el Ejecutivo ha estudiado la posibilidad de transformarlos en quinquenios).
En un contexto de reformas estructurales como el actual, encima de la mesa del Gobierno está la reflexión sobre la necesidad de aumentar la productividad de la función pública. Son numerosos los expertos que plantean que se avance en el trabajo por objetivos, la flexibilidad o la movilidad. Los estudios confirman que en España la factura de los salarios del empleo público es superior a la media de la OCDE y que hasta ahora la jornada del funcionario español era también la más baja de la UE, explican en el área económica. El Ejecutivo mantiene que sigue sin barajar despidos como los que se han producido en otros países de la UE, pero advierte de que sí deben seguir haciéndose cambios, y que salvar el deterioro de la productividad es un objetivo prioritario siempre, y más en un momento como este, aunque los funcionarios ya estén sufriendo la crisis en sus carnes –bajada salarial del 5 por ciento en la anterior Legislatura y congelación del sueldo para este año.
Según la OCDE, de los 29 países que en diciembre de 2010 habían elaborado planes de consolidación fiscal, 20 de ellos redujeron el salario de sus empleados, y 15 disminuyeron su plantilla. Los recortes han afectado a Portugal, Grecia o Irlanda, pero también a otros países no intervenidos como Francia o Reino Unido. Este último estudia incluso equiparar los sueldos de los funcionarios al nivel de vida de las zonas en las que viven.