El Palacio de Parcent acogió ayer la Conferencia Sectorial de Justicia, donde han acudido el ministro Ruiz-Gallardón y todo su equipo ministerial, varios vocales del CGPJ con su vicepresidente Fernando de Rosa a la cabeza, representantes de la Fiscalía del Estado y los consejeros de Justicia de 12 autonomías.
La propuesta del CGPJ de reducir en más de la mitad el número de partidos judiciales en España ha sido criticada por algunas Comunidades. Un plan que no ha sido muy bien recibido por los alcaldes de las localidades afectadas por el posible cierre de sedes judiciales, ni por los sindicatos del sector que consideran que la medida es un "nuevo recorte" que ataca el derecho a la tutela judicial efectiva.
Así, por ejemplo, el consejero de Justicia de la Comunidad Valenciana, Jorge Cabré, ha asegurado que no van a permitir, con las inversiones que se han hecho, que desaparezcan sedes judiciales o Palacios de Justicia y trasladar todos esos servicios a otros y ampliar las instalaciones, debido al coste económico que supone. Gallardón se ha comprometido a no remitir al Congreso "ningún proyecto" sobre el nuevo mapa de las demarcaciones judiciales sin hablar "previamente" con "todas y cada una" de las comunidades autónomas con competencias en esta materia.
Asimismo la Conferencia ha servido de escenario para reactivar los acuerdos con el CGPJ y las CCAA para lograr la interconexión informática entre los juzgados y evitar que "coexistan 8 sistemas diferentes muchos de los cuales no se pueden comunicar entre ellos", ha señalado el ministro. Otro de los asuntos tratados en la Conferencia sectorial ha sido la ley de tasas y la gestión coordinada de la Justicia gratuita.
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