Parece que el
anuncio de que el Gobierno pretende encargar las funciones de Registro Civil a
los Registradores de la
Propiedad , se hará oficial tras el Consejo de Ministros del
próximo viernes día 30 de noviembre.
De modo que el
registrador cobraría y se enriquecería por cada ciudadano que naciera,
creciera, cambiara de domicilio, tuviera hijos, otorgara poderes, hiciera
testamento, se casara o divorciara y al fin se muriera.
Así, el proyecto
que comentamos entregaría a los registradores de la propiedad y mercantiles,
sin previo concurso público, la explotación comercial del Registro Civil. De
modo que en plena crisis unos funcionarios, que actúan como profesionales
aunque en un régimen de absoluto monopolio, vendrían a apropiarse de un negocio
sin prima de riesgo alguna a costa de todos los españoles, dando así
cumplimiento a las ambiciones de este cuerpo y de su Colegio Nacional. Un
simpático colectivo que, tras ser sancionado por la Agencia de Protección de
Datos y perseguido por la
Fiscalía del Tribunal Supremo, no parecería el más indicado
para explotar en su beneficio un servicio público de esta trascendencia y de
paso convertir en rehenes de su codicia a todos los ciudadanos.
Son tiempos de
crisis, pero aunque fueran de bonanza carece de sentido incrementar los costes
que gravarán a los usuarios del Registro Civil para reforzar el estatus
millonario de un grupo de privilegiados —los integrantes del Cuerpo de
Registradores de la propiedad y mercantiles— que, a tenor del anteproyecto,
parecería tener abducido a un Gobierno presidido por un miembro de la fratría.
Habríamos pasado así limpiamente del “tasazo” judicial al “arancelazo”
registral, sin que pueda alegarse reducción de costes de los salarios públicos,
habida cuenta de que los funcionarios hasta ahora encargados de las tareas del
Registro Civil deberán ser reubicados en otros departamentos del ministerio,
sin alivio para las arcas del Estado.