Desde el pasado mes de julio, tras la
publicación del Real Decreto Ley 20/2012, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, las empleadas y
los empleados públicos venimos mostrando nuestro profundo malestar a través de
movilizaciones en todos los sectores y Administraciones.
La citada norma conllevó la supresión de
la paga extraordinaria de diciembre, de tres de los seis días de libre
disposición ordinarios y de los días adicionales de libre disposición y de
vacaciones por antigüedad, así como una importante reducción de retribuciones
durante la situación de incapacidad temporal. Y con la nueva Ley de Tasas, se
restringe y se entorpece el acceso a la Justicia de las empleadas y empleados
públicos en defensa de sus derechos laborales. A lo que hay que añadir la
congelación de la Oferta de empleo público, la amortización de vacantes y la
reciente aprobación del Reglamento que regula y facilita los despidos
colectivos en el ámbito de las Administraciones Públicas, con el consiguiente
incremento de la tendencia que pone de manifiesto la última Encuesta de
Población Activa, en la que, por primera vez, se pierde más empleo público que
privado.
Dichas medidas, unidas a las que venimos
padeciendo desde el año 2010, en el que se decidió una bajada de retribuciones
y la congelaciones de los años 2011 y 2012, a la que ahora se suma la prevista en los
PGE para 2013, suponen el hacer recaer de forma especial el peso de la crisis
sobre las empleadas y empleados públicos, olvidando que otros han sido los
responsables de la misma. Medidas que, además, se han tomado enmarcadas en una
campaña política de descrédito de la labor que realizamos en todos los ámbitos
de la Administración, cuestionando nuestro rendimiento profesional y
desacreditando, en definitiva, los servicios públicos esenciales para la
sociedad, como los que se realizan en la educación, la sanidad, la seguridad,
la atención social y la justicia, entre otros, como paso previo, en muchos
casos, para la privatización de los mismos. Tales recortes no sólo son
injustos, sino que además serán ineficaces y tendrán un efecto económico
contrario al supuestamente perseguido, al conllevar una inevitable y drástica
reducción del consumo por parte de un colectivo tan numeroso como el de las
empleadas y empleados públicos, con la consiguiente repercusión inmediata en la
caída de la actividad económica y el correspondiente aumento de la tasa de
desempleo.
Por todo ello, a lo que hay que unir la
inseguridad que provocan las previsiones sobre las que se apoyan los
Presupuestos para el próximo año, recién presentados a las Cortes para su
aprobación, y que hacen prever nuevos recortes en los próximos meses, la
totalidad de los Sindicatos y Asociaciones Profesionales de esta Plataforma
rechazamos todas estas medidas y manifestamos nuestra mayor queja al respecto.
Asimismo, las organizaciones abajo firmantes, de las que
integramos la Plataforma, llamamos a secundar la Huelga General del próximo 14 de
noviembre, dejando claro que nuestro apoyo no tiene ningún condicionamiento
partidista, ni persigue otra cosa que no sea hacer ver a nuestros gobernantes,
sean del signo que sean, el rechazo de toda la sociedad a unas políticas
agresivas que atacan gravemente a los servicios públicos y a quienes trabajamos
a su servicio.