El
Grupo Parlamentario Socialista se ha comprometido a presentar cuanto antes
recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012 de Tasas Judiciales, tras la reunión
mantenida ayer con la Plataforma Justicia para Todos, encabezada por el
presidente del Consejo General de la Abogacía Española ,
Carlos Carnicer, y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Los
representantes de la
Plataforma , que integran entre otros, los sindicatos CSIF,
CC.OO, UGT, USO, STAJ, y el Consejo de Consumidores y Usuarios, han trasladado a Rubalcaba que
los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales en defensa de sus
legítimos derechos, tal y como reconoce nuestra Constitución y la Carta de Derechos y Deberes
del Ciudadano ante la
Justicia , y no puede obstaculizarse o impedirse ese acceso
por medio de un sistema de tasas que perjudica a una gran mayoría de los
ciudadanos. "Muchos ciudadanos, dijo Carnicer, ya están renunciando a ejercer sus
legítimos derechos porque no pueden pagar las tasas y esta Ley da la puntilla
al sistema de garantías que los ciudadanos nos dimos con la Constitución ".
La ley,
que entró en vigor el pasado diciembre, contempla incrementos de entre 50 y
750 euros en las tasas y que los ciudadanos paguen por
primera vez en el orden Social y afronten un coste de hasta 1.200 euros si
quieren recurrir ante el Tribunal Supremo en
El
presidente de la Abogacía
denunció, además, que algunas de las arbitrariedades que fija la Ley de Tasas se están tratando
de corregir con el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que tampoco ha sido consultada
con la Abogacía ,
"lo que tiene un efecto doblemente perverso, ya que no sólo no corrige el
fondo del problema -el acceso a la tutela judicial efectiva- sino que puede
estropear un modelo que viene funcionando eficientemente, aunque con necesidad
de algunas mejoras". La Justicia gratuita amplía su campo desde
las causas económicas a "colectivos especialmente vulnerables"
Los
representantes de los usuarios y consumidores y de los sindicatos pusieron de
manifiesto que la Ley
tendrá efectos negativos sobre los arbitrajes -ya que la ejecución de éstos sí paga tasas-;
que beneficia a las empresas frente a los ciudadanos; que ya han producidos
renuncias a ejercer derechos; y que esta petición es fruto de la alianza social
frente a la quiebra del principio de igualdad en el acceso a la justicia.
"Con la excusa de la crisis -se dijo también- se está cambiando el modelo
social y de derechos". Los miembros de la Plataforma hicieron
referencia también a otros proyectos del Ministerio como la eliminación de los
jueces sustitutos o a la privatización de los registros
civiles, que
consideran un nuevo retroceso en el sistema de garantías.
El
secretario general del PSOE, que manifestó su deseo de no politizar la Justicia , se comprometió
a recurrir cuanto antes esta ley ante el Tribunal Constitucional porque
"leyes como esta, que afectan y vulneran principios y derechos
fundamentales de los ciudadanos, como la igualdad o la tutela judicial
efectiva, pueden acabar convirtiéndose en una gran injusticia".