COMUNICADO
1.- Apoyar
la convocatoria de huelga de las asociaciones de jueces y fiscales,
Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente,
Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional de Fiscales, para el
próximo día 20 de febrero, y las concentraciones convocadas para ese mismo día
por los sindicatos, frente a un modelo de Justicia impuesto y no negociado, contra
la privatización del servicio público de la justicia y del Registro Civil,
contra la Ley de Tasas y contra otras medidas improvisadas y oportunistas que
están provocando el desbaratamiento de la Justicia.
2.-
Compartir y valorar positivamente las recomendaciones al Ministerio de Justicia
de la Defensora del Pueblo sobre la Ley de Tasas, de vital importancia por la
afectación de los derechos y libertades de los ciudadanos, que evidencian
claramente inexcusables razones para presentar inmediatamente el recurso de
inconstitucionalidad.
3.-
Lamentar las palabras del Ministro que ha aceptado en horas lo que ha rechazado
durante meses, negándose a dialogar con todos los colectivos jurídicos y
sociales, en una unión sin precedentes, e ignorando el clamor popular que
suponen las 350.000 firmas presentadas por los ciudadanos contra la Ley de
Tasas.
4.-
Denunciar que el gran atasco en la Administración de Justicia, que se ha visto
agravado por la supresión de jueces y fiscales sustitutos (1.200) y la falta de
personal funcionario y laboral, puede devenir en definitivo colapso si no se
suspende inmediatamente la aplicación de la Ley de Tasas, teniendo en cuenta
que, como reclama la Defensora del Pueblo, deberá devolverse el importe de las
tasas a todos aquéllos que las hayan satisfecho y que hayan obtenido en su día
el beneficio de justicia gratuita.
5.-
Manifestar que, a la espera de conocer alguna concreción sobre la decisión del
Ministerio, la Plataforma conmina a la derogación o reforma sustancial de la Ley
de Tasas a través del mecanismo jurídicamente oportuno, para restablecer la
tutela de los derechos de los ciudadanos y, en todo caso, excluir a las
personas físicas del pago de unas tasas, desproporcionadas e injustas.
6.-
Mostrar una vez más la disposición a la negociación y al diálogo.
7.- Apoyar
la decisión del Parlamento sobre los desahucios y el trabajo de las
organizaciones promotoras de la ILP que refuerzan los valores democráticos de
nuestra sociedad y deben permitir una solución de justicia para las miles de
personas afectadas.