El
Gobierno aprobó el pasado mes de enero una reforma del Código Penal que en
teoría endurecía las penas por delitos fiscales, pero en la práctica deja
siempre al defraudador "la oportunidad de no ingresar en prisión si se
paga el importe defraudado" en el plazo de dos meses desde que ha sido
imputado judicialmente, según han denunciado los inspectores de Hacienda.
En la práctica esto está suponiendo una "excusa
absolutoria", que
· impide
que nadie entre en prisión por delitos de fraude (las penas máximas
pasan a ser de 3 a 6 meses). Además,
· como
de facto desaparece el delito fiscal,
· se impide por ello la persecución de otros
posibles actos delictivos relacionados, "como son el blanqueo de
capitales", explican fuentes solventes de la Agencia Tributaria.
· junto
a la reducción de la pena se produce una rebaja de la multa que se impone a los
contribuyentes imputados: Pasa a ser del 25% al 50% del importe que
correspondería en caso de sanción administrativa.
"Con esta regulación se le está enviando al defraudador un mensaje
claro de tranquilidad", critican desde la IHE.
Para paliar la escasez de medios humanos y ante la crisis nacional que
sufren las cuentas públicas, los inspectores han propuesto por escrito al
Gobierno poder realizar horas extra por las tardes (el horario en Hacienda es
de 8 a 15 horas), una medida que no tendría impacto, dicen, en las cuentas, ya
que la Agencia
se "autofinanciaría" con el aumento de ingresos.