El hermano
del presidente del Gobierno, Enrique Rajoy, es uno de los asesores de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, y se le
achaca buena parte de la autoría intelectual de la reforma que traspasará
competencias del Registro Civil a los registradores de la propiedad.
El
borrador del departamento encabezado por Joaquín Rodríguez ha puesto de uñas a
jueces, notarios, funcionarios, abogados y alcaldes porque lo interpretan como
un asalto al poder de los registradores de la
propiedad. E incluso
ha suscitado una rebelión dentro del mismísimo cuerpo de registradores. Estos
señalan dos problemas: por un lado, que estas funciones del Registro Civil
conllevan muchos costes, hasta
300 millones de euros según algunas fuentes consultadas. Por otro, se niegan
a asumir las funciones de un 'gran hermano', captando todo el tráfico jurídico.
Incluso el
grupo del que Enrique Rajoy es uno de los cabecillas y que ha impuesto esta
reforma, la Asociación de Registradores Bienvenido Oliver, se ha roto a raíz de
este debate. "En el Ministerio se les llama los hombres de negro y
Gallardón tiene con ellos otra bomba lista para explotar”, coinciden fuentes
próximas a la Administración.