Nota publicada en la Web del Ministerio de Justicia:
El Consejo de
Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha
aprobado hoy un Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para aproximar las funciones de los procuradores españoles a las que tienen sus
homólogos en el resto de
Europa. La principal novedad de la futura ley es que permitirá al ciudadano elegir quién
desea que se ocupe de practicar los actos de comunicación, los embargos y
algunos actos de ejecución de la resolución se dicte al final del proceso: el procurador,
bajo las órdenes del secretario judicial y control judicial, o los funcionarios
de la Administración
de Justicia, como hasta ahora
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Desde STAJ consideramos
que estamos ante la privatización de otro servicio público, encomendado siempre
a funcionarios. Aunque la
futura Ley permitirá
al ciudadano (demandante) elegir quién desea que se ocupe de practicar los
actos de comunicación y de ejecución no existe duda sobre quién elegirá el
demandante cuando tenga suficientes recursos económicos. La realización de los
actos de comunicación por el Procurador de la parte contraria, causará
múltiples casos de indefensión y asimismo encarecerá el proceso de ejecución.
Se hacen cada vez más visibles los pasos dados desde el Ministerio de Justicia
para crear una justicia de dos velocidades: una para ricos y otra para el resto
de ciudadanos.
STAJ considera dicha
privatización inadmisible y en unión de los demás Sindicatos realizaremos actos
de presión y movilizaciones para que esto no se lleve a cabo.