Los expertos limitaron la acción
popular y el jurado y propusieron que los jueces pasaran pruebas psicológicas y
no opinaran de actualidad
El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, comparecerá el próximo 7 de mayo en el Congreso de los Diputados
para explicar las líneas maestra de la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, que otorga al fiscal la dirección de las investigaciones, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que crea los
tribunales de instancia y suprime los partidos judiciales.
El ministro
recibió formalmente el pasado febrero los trabajos encomendados a las
comisiones de expertos que fueron designadas para elaborar dos leyes que
marcarán el rumbo de la
Justicia en España para los próximos años. Una de ellas diseña
una nueva organización del mapa judicial y la otra encomienda al Ministerio
Público la instrucción de los delitos y las faltas, en lugar de a los jueces
como ocurre en la actualidad.
Este segundo
articulado ha sido uno de los grandes retos que se marcaron los antecesores del
actual ministro. Su predecesor en el cargo, Francisco Caamaño, fue quien más
lejos llegó al aprobar un anteproyecto de ley en el último año de legislatura,
que, finalmente, no vio la luz por la falta de tiempo y de consenso y que
también daba la instrucción al Ministerio Fiscal.
Gallardón
tiene ahora sobre la mesa un texto llamado a sustituir a