El
Consejo de Ministros ha aprobado un Anteproyecto de Ley que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de delegar en
las Comunidades Autónomas que han asumido las competencias de Justicia la
gestión de la jubilación del personal al servicio de la Administración de
Justicia de los cuerpos generales y especiales, así como las posibles prórrogas
de permanencia en el servicio.
Con esta
medida se persigue una agilización de los trámites de jubilación y una
organización más eficiente, ya que se harán cargo de los mismos los órganos de
las Comunidades Autónomas que ya gestionan todas las demás materias relativas
al estatuto y régimen jurídico de este personal.
Por otra
parte, se suprime la constitución obligatoria de los tribunales delegados para
el acceso a los cuerpos de los funcionarios de la Administración de
Justicia, que en ocasiones han resultado poco operativos e innecesariamente
costosos, produciendo, además, un incremento de la Administración
autonómica. Estos tribunales delegados territoriales podrán seguirse
constituyendo cuando lo aconsejen circunstancias de carácter objetivo, como el
tipo de pruebas a realizar, el contenido de las funciones a desarrollar o el
número de plazas convocadas, atendiendo siempre a criterios de racionalidad.
El
denominado Anteproyecto de Ley Orgánica complementaria de racionalización del
sector público y de medidas de reforma administrativa incorpora las medidas
aprobadas en la Comisión
para la Reforma
de las Administraciones Públicas (CORA), constituida dentro del programa de
reformas económicas gubernamentales que tienen como finalidad corregir
ineficiencias y redundancias competenciales que implican gastos innecesarios y
suponen falta de agilidad y transparencia.
Dicha
Comisión se ha encargado de la revisión de las distintas propuestas de
simplificación, eliminación de duplicidades y mejoras de gestión presentadas
por los distintos Ministerios, que han culminado en su informe de 21 de junio
de 2013.