El 70 por ciento de
los jueces y magistrados, secretarios judiciales y funcionarios de la Administración de
Justicia considera que la Ley
de Servicios y Colegios Profesionales tendrá un impacto "perjudicial"
para el servicio público, que perderá agilidad y acarreará un mayor coste para
el ciudadano. Y el 53 por ciento se opone que a los abogados puedan
compatibilizar su cargo con el de procurador como propugna el anteproyecto.