Los
firmantes defienden que el Registro Civil es un servicio público
"fundamental" que afecta a los derechos fundamentales de los
ciudadanos, como su intimidad, y por ello debe continuar en el ámbito de la Administración de
forma gratuita.
Sin
embargo, critican que el Ministerio de Gallardón ha iniciado desde hace un año
"la subasta pública del mismo al mejor postor, tratando de entregarlo a
diferentes operadores jurídicos que han visto reducir sus ingresos tras la
crisis económica".