El Gobierno ha decidido,
finalmente, asignar a los registradores, la llevanza del Registro Civil,
manteniéndose la gratuidad para el ciudadano, como hasta ahora. Así, lo
comunicó ayer el Ministerio de Justicia a la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de
la Propiedad
y Mercantiles
El decano de la entidad colegial, Gonzalo Aguilera, informó ayer
a través de una carta remitida a todos los registradores, que "esta asignación se hace con
plena capacidad auto-organizativa del Colegio de Registradores en los aspectos
relativos a la organización territorial, material y tecnológica del Registro
Civil, dentro del respeto,
como es lógico, a la Ley
de 2011 (Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil)".
En noviembre de 2013, la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores
había rechazado la asunción del Registro Civil mientras no se presentase una
memoria económica sobre su posible coste real y sin un sistema de financiación
directo que garantizase su viabilidad.
Aguilera explicaba en una anterior misiva a los registradores,
que la Junta de
Gobierno no consideraba asumible el Registro Civil "sin una organización
independiente y separada del Registro de la Propiedad y Mercantil, y
sin un sistema informático propuesto y realizado por el Colegio compatible con
el resto de las soluciones tecnológicas y servicios colegiales".
MANDATO DE LA ASAMBLEA
Tras su toma de posesión, Aguilera explicaba a elEconomista que aunque el colectivo había dicho
"no" al Registro Civil en la Asamblea General de Zaragoza (abril de 2013), si
Justicia decidía asignarles su llevanza, "con todo respeto y dignidad, le
propondríamos una serie de medidas para su mejor llevanza en beneficio del
interés público. Unas, de tipo organizativo, otras de consenso político, social
y jurídico sobre el proyecto y un sistema de financiación adecuado".
La ponencia aprobada en la Asamblea proponía que la Ley disponga, "sin ningún tipo de
ambigüedad", que la financiación del Registro Civil correrá a cargo de sus
usuarios. Para ello, se
solicitaba que junto con la aprobación de la Ley , de forma simultánea, se aprobase el arancel
correspondiente y entrase en vigor el Reglamento.
Reclamaba, también, que se separen las oficinas del Registro
Civil de las actuales de los Registros de la Propiedad y Mercantil,
con una consideración tributaria. Y, además, que se prescindiese de las
oficinas buzón, definidas en el anteproyecto, estableciéndose oficinas del
Registro Civil en las capitales de provincia y en poblaciones que por
habitantes o razones geográficas lo aconsejen.
En la carta remitida ayer a los registradores, Aguilera les
informa de que los aspectos relativos a la demarcación registral, ya iniciada,
serán reconsiderados, procediéndose a una nueva propuesta por parte de la Dirección General de los Registros y del Notariado
(DGRN) para su aprobación por el Colegio.
Sobre la propuesta de Registro electrónico del Ministerio de
Justicia, rechazada también en la Asamblea General ,
señala el decano que será diseñado, desarrollado y gestionado íntegramente por
el Colegio "de acuerdo con las pautas de seguridad proporcionadas por la DGRN y acordadas con el
Colegio".
NEGOCIACIÓN CON JUSTICIA
El decano explica finalmente en su misiva, que se abre un
proceso negociador con Justicia sobre todos los aspectos normativos, materiales
y organizativos para la asunción de la nueva competencia por el colectivo de
registradores.
En el borrador de Real Decreto que se regula el Registro
Electrónico se establece el folio real electrónico y un sistema informático
único aprobado por DGRN.