Un año de negociaciones —y de
polémica— sobre el cambio de gestión del Registro Civil terminó este lunes con
la ruptura entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores, el
colectivo en el que teóricamente se iba a delegar el servicio que ahora
realizan funcionarios judiciales. Justicia da por definitivamente rota esa
negociación y busca ahora fórmulas alternativas (aunque aún sin descartar que
el Registro Civil pase a manos de colectivos no judiciales). El portazo se ha
producido porque los registradores se negaban a hacer ese trabajo gratis:
exigían poder cobrar aranceles a los ciudadanos por algunos trámites; y el
ministerio ya se había comprometido a mantener la gratuidad del servicio.