El
Anteproyecto de la
Ley Orgánica del
Poder Judicial está levantando ampollas tanto en la carrera judicial como
fiscal. Ante la previsión de que iban a saltar muchas voces contrarias, tanto
el CGPJ como el Consejo Fiscal optaron por dar traslado a la carrera para que
expongan sus posturas. Estos días se están ultimando tanto los informes como
las propuestas, que principalmente recalcan, según ellos, la intención del
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de menoscabar la independencia
judicial.
Desde las
bases de la carrera judicial, el sentimiento que hay ante esta reforma, según
varias fuentes consultadas, es abiertamente negativo. En líneas generales, los
jueces están en contra de la implantación de los tribunales de instancia
provinciales, al menos en su formulación actual. A su juicio, se busca hacer
desaparecer los juzgados de los pueblos alegando el empleo de "economías
de escala". Ante el estupor del texto, en sus sugerencias al anteproyecto,
algunos jueces han recordado que "un juzgado no es una fábrica ni el aumento del número de sentencias
o autos es un objetivo deseable, si no va acompañado de una mayor calidad de la
Justicia".
Para
miembros de la carrera, el concepto de economías de escala se utiliza como una
excusa para la sobreexplotación del juez, así como para la reducción de su
independencia. Tal como se lee en el propio texto, el objetivo es facilitar las
"sustituciones" y la "reasignación de efectivos".