Según
el Ministerio, la decisión sobre la desjudicialización ya está tomada y estaba
ya en la Ley de
2011. Ahora queda negociar con los sindicatos que la situación en que quedará
el personal afectado durante y después del periodo de traspaso del servicio a
los Registradores mercantiles, sean las “mejores posibles.”
STAJ
reprocha la falta de transparencia del Ministerio y aboga por la continuidad
del Registro Civil en la
Administración de Justicia.
En la
reunión informativa que sobre Registro Civil se celebró ayer día 15 de julio en
el Ministerio con STAJ y el resto de sindicatos
representativos del sector, el Subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo,
explicó a las organizaciones sindicales los motivos que han llevado al gobierno
a encomendar la gestión y llevanza del Registro Civil a los Registradores
mercantiles, en lugar de a otros funcionarios (no de Justicia) como estaba
previsto en la Ley
de 2011 y cuya entrada en vigor ha sido prorrogada un año más (que se añade a
los tres de “vacatio legis” que ya ha tenido). En síntesis, las explicaciones
del Ministerio son las siguientes:
Nuevo
modelo de Registro Civil en la Ley
de 2011.-
El nuevo
modelo de Registro Civil diseñado en la
Ley de 2011 (aprobada por el PSOE con los votos favorables
del PP) se fundamenta en un Registro Civil de personas, y no de actos como el
actual. Para ello es necesaria una potente plataforma informática, única para
todo el territorio nacional, que debería haberse puesto en marcha en los tres
años de vacatio legis. Como consecuencia de las dificultades económicas, esa
plataforma no se ha creado aún, y el Estado y las Comunidades Autónomas no
están en condiciones, según el Ministerio, de asumir su coste, y además
continuar sufragando el coste del servicio, por mucho que vaya a reducirse a
partir de ahora gracias a ese nuevo modelo de Registro Civil.
Gratuidad
del Registro Civil.-
Los
Registros Mercantiles, que a diferencia de los Registros de la Propiedad no han sufrido
efectos negativos por la crisis (se siguen realizando infinidad de actos
inscribibles en aquél Registro), sí están en condiciones de asumir el coste
tanto de la implantación de la plataforma tecnológica, (mediante la creación de
una corporación de derecho público que englobaría a todos los registradores
mercantiles), y de soportar los gastos que conllevará la llevanza del Registro
Civil. Y ello, en primer lugar, porque según el Ministerio tienen margen
suficiente para afrontar ese coste sin necesidad de subir los aranceles
actuales. De ahí que puedan asumir también que el Registro Civil sea gratuito
en todos sus actos, incluso el posible incremento de personal que pudiera
necesitarse para la nueva función que se les encomienda. Dice el Ministerio que
esta gratuidad está garantizada expresamente en el texto modificado, mientras
que el original de la Ley
de 2011 no garantizaba esta gratuidad, pues nada se decía al respecto.
Garantía
de protección legalidad y protección de datos.-
El
Ministerio insiste en que los Registradores Mercantiles son funcionarios
públicos, sometidos a la ley y a las órdenes e instrucciones del Ministerio de
Justicia y la Dirección General de los Registros y del Notariado, de
quien dependen jerárquicamente. La garantía de legalidad y de protección de
datos está asegurada según el Ministerio, y ello aunque los trabajadores de los
Registros mercantiles no sean funcionarios, ya que están obligados como todo el
mundo a cumplir la ley, incluida, por supuesto, la Ley de Protección de Datos.
Habrá
oficinas de Registro Civil en todas las provincias.-
Frente a
las previsiones iniciales de la
Ley de 2011, la modificación que ha aprobado el gobierno permitirá
que exista una oficina de Registro Civil en todas las capitales de provincia,
frente a una por Comunidad Autónoma (y otra más por cada 500.000 habitantes),
que es lo que preveía el texto original de la Ley de 2011. En este sentido, dice, el texto se
ha mejorado para acercarse más a la ciudadanía.
Las
Notarías y las “Oficinas Judiciales de Paz” asumirán funciones auxiliares en
materia de Registro Civil.-
El nuevo
Registro Civil será fundamentalmente electrónico, por lo que apenas requerirá
la presencia física de los ciudadanos ante sus dependencias. Cuando no sea
posible la solicitud o iniciación de esos trámites por vía electrónica, los
ciudadanos podrán acudir a las oficinas del Registro Civil de las capitales de
provincia, y en el resto de ciudades y pueblos, podrán hacerlos ante las
notarías. Allí donde no haya notaría, esos trámites podrán solicitarse o
iniciarse ante las Oficinas Judiciales de Paz que sustituirán a los actuales
Juzgados y Agrupaciones de Paz.
El
Ministerio garantiza, para su ámbito, todos los puestos de trabajo sin
excepción.-
El
Ministerio insiste en que en su ámbito de competencias no va a desaparecer ni
un sólo puesto de trabajo. En cuanto a los funcionarios de carrera, por que no
puede ser de otra manera (y esto vale incluso para los territorios
transferidos), garantizando además que la reordenación se hará a otros puestos
de la misma localidad; y en cuanto a los interinos, porque ese es su
compromiso, y se arbitrarán los mecanismos para que el número total de
funcionarios, incluidos los interinos, sea el mismo una vez se produzca el
traspaso. El Ministerio considera que los funcionarios de Justicia hacen mucha
falta en las labores derivadas estrictamente de la función jurisdiccional de la Administración de
Justicia, por eso todo el capital humano se empleará en esas labores. Respecto
a las CCAA con competencias, alguna también se ha comprometido a mantener todos
los puestos de trabajo.
Con el
texto original de la Ley
de 2011 no se garantizaba ni un sólo puesto de trabajo. Los pocos funcionarios
que pudieran ocupar los puestos de Registro Civil en las RPTs que se aprobasen
por las CCAA, no absorberían ni mucho menos a todo el personal excedente en
Justicia, por lo que esos puestos se perdían en la Administración de
Justicia, lo que equivale a que los interinos serían cesados, y los titulares
reordenados a vacantes disponibles, desplazando y cesando, a su vez, a los
interinos que los ocupasen.
Además, y
respecto a la petición sindical de que el Registro permanezca servido por
Secretarios judiciales y resto de personal de la Administración de
Justicia como un servicio más de ésta, el Ministerio considera que la Ley de 2011 supone la
desjudicialización plena, en sentido amplio, y además afirma que eso no
aseguraría ni mucho menos los puestos de trabajo, porque la nueva plataforma
tecnológica supondrá que la inmensa mayoría de las inscripciones de nacimiento
y defunción se promoverán directamente por los hospitales, de forma telemática,
las certificaciones no será necesario obtenerlas salvo para cuestiones
meramente privadas, ya que las Administraciones tendrán acceso electrónico al
Registro Civil, y las comparecencias presenciales en los expedientes de
nacionalidad se reducirán a la mitad, sólo para el trámite de juramento. Por ello,
será necesario muchísimo menos personal.
Periodo
transitorio y negociación de la situación en que quedará el personal.-
En cuanto
a las condiciones del periodo transitorio (dos años durante los cuales
convivirán el modelo actual de Registro civil y el nuevo modelo, una vez se
instaure la plataforma tecnológica), y la situación en que quedará el personal
tras el cierre de las oficinas actuales, también van a negociarse con las
organizaciones sindicales, bajo el principio de lograr que se haga con las
mejores condiciones, con salvaguarda de todos los derechos de los funcionarios.
STAJ, ha reprochado al
gobierno su absoluta falta de transparencia y su falta de respeto hacia los
trabajadores, por no haber ni siquiera hablado con los sindicatos sobre sus
intenciones respecto al Registro Civil, de las que nos hemos enterado siempre a
través de terceras personas.
No
creemos que el servicio vaya a ser gratuito, de alguna forma los
Registradores exigirán, tarde o temprano, una contraprestación para financiar
su coste, y lo harán vía aranceles o vía presupuestos, subvenciones, o como
sea, con lo que seguirá siendo una “carga para los presupuestos”.
Aunque
los Registradores sean funcionarios, su personal no lo es, y diga lo que diga
el Ministerio, sólo los funcionarios somos los garantes del
cumplimiento de la legalidad y
nuestra intervención está siempre sometida a los principios de imparcialidad y
confidencialidad.
En STAJ no
nos creemos que se vayan a garantizar todos los puestos de trabajo,
seguro que, a corto o medio plazo, irán eliminando refuerzos, para poder
absorber todos los excedentes del Registro Civil. Y además, el Ministerio debe
buscar el mecanismo para que la garantía de los puestos obligue también a las
CCAA con competencias.
Por
último, STAJ siempre se opuso a la Ley de 2011, pues abogamos por el mantenimiento del
Registro Civil como un servicio de la Administración de Justicia, y continuará luchando por ello,
para intentar parar por otras vías esta privatización, así como intensificando
las movilizaciones, sin descartar LA CONVOCATORIA DE
HUELGA.