Julio de 2014
Con fecha
3 de diciembre de 2012 se constituyó la Plataforma Justicia para Todos, con la finalidad de defender con todos
los medios democráticos a su alcance, los bienes y servicios básicos, el Estado
de bienestar y los derechos y libertades de la ciudadanía, así como poner de
manifiesto el rechazo a todas las reformas que tengan una incidencia negativa
en el derecho de defensa de todas las personas, recortando el acceso a la
justicia restringiendo los derechos y libertades de los ciudadanos, y
haciendo retroceder el Estado de Derecho.
Ante las
últimas reformas y proyectos legislativos la Plataforma MANIFIESTA:
Toda
reforma en el ámbito de la justicia debe estar al servicio de la ciudadanía
para la plena efectividad y reconocimiento de los derechos y libertades que
establece la Constitución
y el resto del ordenamiento jurídico.
El acceso
a la justicia por parte de los ciudadanos debe ser gratuito como proclama la Constitución , y no
son admisibles en un Estado Social y Democrático de Derecho, restricciones que
limiten el derecho a la tutela judicial efectiva, y que disuadan al ciudadano
de litigar en la defensa de sus derechos e intereses.
Las
reformas legales deben garantizar la agilización de los procedimientos para
obtener una respuesta efectiva sobre los derechos e intereses en disputa en un
tiempo razonable.
Toda
iniciativa legal debe estar al servicio de garantizar los derechos de la
ciudadanía ante la justicia sin que sean admisibles restricciones
presupuestarias que deterioren la prestación del servicio por falta de recursos
personales y materiales.
Las
reformas deben garantizar la independencia de los jueces y magistrados,
la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los
derechos ciudadanos del Ministerio Fiscal, la objetividad e imparcialidad en el
desempeño de las funciones públicas en el ámbito de la Administración de
Justicia, y el reconocimiento y garantía del ejercicio de colaboración con la
justicia de los profesionales del derecho, así como la protección y reconocimiento
de los intereses colectivos de las organizaciones y entidades ciudadanas que
representan a los ciudadanos.
Las
reformas, por último, deben desarrollarse conforme al principio de
participación ciudadana en el servicio de la justicia, para hacer efectivo el
principio constitucional que reconoce a los ciudadanos la participación en la
vida política, económica, cultural y social.
En
relación a los proyectos e iniciativas legales que se relacionan, lo siguiente:
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COMUNICADO COMPLETO: