STAJ ha vuelto a presentar escrito en el
que reitera la solicitud de mantenimiento del Registro Civil como un servicio
de la Administración
de Justicia, servido enteramente por funcionarios de Justicia.
El hecho de que se produzca la
“desjudicialización”, es decir, que los jueces dejen de ser los “encargados”
del Registro Civil, no tiene
por qué suponer que ese servicio se extraiga de la Administración de
Justicia y, encima, se privatice entregándolo a los Registradores mercantiles.
Los funcionarios de los Cuerpos al
servicio de la
Administración de Justicia tenemos conocimientos y experiencia
sobrada en Registro Civil, muy necesaria para un servicio público que lo que
verdaderamente requiere para ser plenamente eficaz es una inversión suficiente en medios
materiales y humanos y una completa modernización, que facilite
su acceso por la ciudadanía.
La propuesta que hacemos pasa también por la modificación de
la Ley de 2011,
en lo que se refiere al personal de los Registros Civiles y la dependencia
orgánica y funcional de las Oficinas de Registro Civil, aun sin haber entrado
dicha ley en vigor.
Proponemos, y así lo solicitamos
expresamente al Ministerio, que los Registros Civilescontinúen siendo un
servicio de la
Administración de Justicia, en el que los funcionarios
del Cuerpo de Secretarios
Judiciales, Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial,
continúen prestando sus servicios en las respectivas oficinas de Registro
Civil, configurándose como
Centro de Destino en la
Ley Orgánica del Poder Judicial, y de acuerdo con la
relación de puestos de trabajo que en definitiva se apruebe que en todo caso
habrá de garantizar la permanencia, al menos, de la plantilla que actualmente
está destinada a funciones de Registro Civil.
Mantenimiento de todos los
puestos de trabajo.-
Sin perjuicio de lo anterior, desde
el Sindicato de Trabajadores de la Administración exigimos que en cualquier caso se garantice por
parte del Ministerio la no amortización de ningún puesto de trabajo de los que ahora forman parte de la
plantilla orgánica de los órganos judiciales y que sean consecuencia de las
competencias en materia de Registro Civil que dichos órganos pudieran tener en
la actualidad.
Esa garantía debe ser
plasmada en los textos legales que procedan, para ser aplicables a todo el
territorio nacional, obligando así no sólo en el ámbito gestionado directamente
por ese Ministerio, sino también en aquellos ámbitos gestionados por las CCAA
que han asumido competencias en materia de Justicia.
Desde STAJ consideramos que, aun estando
radicalmente en contra de la privatización del Registro Civil y con que se
hurte este servicio de la
Administración de Justicia, en cualquier caso los puestos de trabajo han de
mantenerse íntegramente, dando solución satisfactoria a los funcionarios
titulares de los puestos de trabajo o no, que estén ocupando los indicados
puestos. Para ello, exigimos la reapertura urgente de la negociación, donde se
busque una solución satisfactoria a todo este personal, y que no le cause ningún
perjuicio ni pérdida de retribuciones ni, por supuesto, cambio de localidad de
destino.