.jpg)
El
Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado hoy que en el proyecto de Ley
Orgánica del Poder Judicial que se presentará las próximas semanas se mantendrán los
partidos judiciales, aunque es
necesario acometer cambios organizativos en el modelo actual. En este sentido,
ha dicho que existe por su parte una “voluntad reformista y el proyecto de LOPJ abordará esta
cuestiones atendiendo a la permanencia de los partidos judiciales"
El
Ministro ha indicado que la
estructura de partidos judiciales "vertebra" el territorio y permite
"identificar" a la Administración de Justicia en los diferentes
lugares. "Vamos a ser absolutamente responsables, razonables y
sensatos y el proyecto tendrá en cuenta estas circunstancias, pero también cuestiones de ámbito
organizativo". Ver noticia en Europa Press
Recordemos
que STAJ suscribió con el Ministerio y otras
organizaciones sindicales, con la oposición expresa de CCOO, un preacuerdo que
garantizaba, entre otras muchas cosas, la permanencia de los partidos
judiciales, así como las oficinas judiciales de paz existentes, manteniendo
como centro de destino el municipio en lugar de la provincia (que es lo que
decía el anteproyecto, con el aval de CCOO por no suscribir el preacuerdo y
oponerse expresamente a su firma).
STAJ ya ha exigido al nuevo Ministro el
respeto a todos los términos del preacuerdosuscrito
en julio, en el que se
garantizan todos y cada uno de los derechos de los funcionarios de justicia en el caso de que se apruebe un nuevo
proyecto de ley orgánica del poder judicial, mejorándose algunos aspectos de
nuestro estatuto jurídico, rompiendo así todas las
nefastas previsiones del anteproyecto originario. Esto es así
por más que algunos no se enteren y otros se empeñen en decir lo contrario.
Estamos a
la espera de mantener reunión con el Ministro para trasladarle directamente
nuestras exigencias en relación con esta cuestión, que pasan, como decimos, por
el respeto escrupuloso a todos los puntos del preacuerdo.
Además,
exigiremos la retirada de la privatización del Registro Civil y su
mantenimiento como servicio propio de la Administración de Justicia y el
mantenimiento de todos los puestos de trabajo, la derogación de la ley de
tasas, especialmente las que gravan las reclamaciones de los funcionarios en
defensa de sus derechos estatutarios, o la recuperación del derecho a litigar
sin necesidad de abogado y procurador por parte de los funcionarios, entre
otras cuestiones que aún están pendientes.