STAJ ha presentado nuevo escrito dirigido al nuevo Ministro de
Justicia un escrito en el que reitera la solicitud de mantenimiento del
Registro Civil como un servicio de la Administración de Justicia, servido enteramente
por funcionarios de Justicia.
El hecho de que se
produzca la “desjudicialización”, es decir, que los jueces dejen de ser los
“encargados” del Registro Civil, no
tiene por qué suponer que ese servicio se extraiga de la Administración de
Justicia y, encima, se privatice entregándolo a los Registradores mercantiles.
Asimismo, ponemos de
manifiesto al Ministro que reciente informe del Consejo de Estado ha puesto
serias objeciones a la exigencia a los Registradores para la implantación del
sistema informático para el nuevo Registro Civil, lo cual hace peligrar todo el
proceso de desjudicialización y privatización.
Los funcionarios de los
Cuerpos al servicio de la
Administración de Justicia tenemos conocimientos y
experiencia sobrada en Registro Civil, muy necesaria para un servicio público
que lo que verdaderamente requiere para ser plenamente eficaz es una inversión suficiente en medios materiales y humanos y una
completa modernización, que facilite su acceso por la
ciudadanía.
La propuesta que
hacemos pasa también por la
modificación de la Ley
de 2011, en lo que se refiere al personal de los Registros Civiles y la
dependencia orgánica y funcional de las Oficinas de Registro Civil, aun sin
haber entrado dicha ley en vigor.
Proponemos, y así lo
solicitamos también al nuevo Ministro, que los Registros Civilescontinúen
siendo un servicio de la
Administración de Justicia, en el que los funcionarios
del Cuerpo de Secretarios
Judiciales, Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial,
continúen prestando sus servicios en las respectivas oficinas de Registro
Civil, configurándose como
Centro de Destino en la Ley Orgánica
Mantenimiento de todos
los puestos de trabajo.-
Sin perjuicio de lo
anterior, desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración
exigimos que en cualquier caso
se garantice por parte del Ministerio la no amortización de ningún puesto de
trabajo de los que ahora
forman parte de la plantilla orgánica de los órganos judiciales y que sean
consecuencia de las competencias en materia de Registro Civil que dichos
órganos pudieran tener en la actualidad.
Esa garantía debe ser
plasmada en los textos legales que procedan, para ser aplicables a todo el
territorio nacional, obligando así no sólo en el ámbito gestionado directamente
por el Ministerio, sino también en aquellos ámbitos gestionados por las CCAA
que han asumido competencias en materia de Justicia.
Desde STAJ consideramos que, aun estando
radicalmente en contra de la privatización del Registro Civil y con que se
hurte este servicio de la
Administración de Justicia, en cualquier caso los puestos de trabajo han de
mantenerse íntegramente, dando solución satisfactoria a los funcionarios
titulares de los puestos de trabajo o no, que estén ocupando los indicados
puestos. Para ello, exigimos la reapertura urgente de la negociación, donde se
busque una solución satisfactoria a todo este personal, y que no le cause
ningún perjuicio ni pérdida de retribuciones ni, por supuesto, cambio de localidad
de destino.