Rafael Catalá
confirma a STAJ el mantenimiento de los partidos judiciales, los juzgados de
paz y los puestos de trabajo, garantizados en el preacuerdo suscrito en julio
pasado. STAJ ha mantenido este
lunes reunión con el nuevo Ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la que hemos
intercambiado nuestras posiciones en relación con la situación actual de los
funcionarios y la
Administración de Justicia, informándonos de las reformas que
tiene previstas el Ministerio.
Mantenimiento de los partidos judiciales, juzgados de paz y centros de destino.
En este sentido, el Ministro nos
confirma lo que ya anunciábamos hace unas semanas ante la dimisión de
Gallardón, pues dado lo avanzado de la legislatura no hay tiempo material para
tramitar el proyecto de nueva LOPJ, el cual en todo caso hubiera sufrido numerosos
cambios con respecto al anteproyecto original, entre otras muchas cosas en todos los puntos recogidos en el
preacuerdo suscrito en julio
entre el Ministerio y STAJ, CSIF
y UGT. De este modo, sin renunciar a una reforma parcial de la LOPJ , que mejorará el sistema
de reparto de asuntos actual para hacerlo más equitativo, sí nos garantiza el mantenimiento de los partidos
judiciales, los juzgados de paz, y todos los centros de destino previstos en la LOPJ vigente, manteniéndose igualmente el carácter municipal y no provincial de los mismos que
preveía el anteproyecto.
En definitiva, se cumple lo que venimos diciendo
desde el mes de julio, pues con la firma del preacuerdo se garantiza la
existencia de los partidos judiciales, de los juzgados de paz, de los puestos
de trabajo o la prohibición de la movilidad geográfica ordinaria forzosa.
Desarrollo Nueva Oficina Judicial.
El Ministro apuesta por avanzar en el desarrollo de la
Nueva Oficina Judicial y
en este sentido le hemos advertido que es imprescindible
implantar previamente el expediente digital, como único modo de que el
nuevo diseño organizativo no suponga una mayor burocratización de la Administración de
Justicia que, lejos de agilizarla, la ralentice aún más, como así está ocurriendo en la
práctica en las ciudades que
ya tienen implantada la Nueva Oficina
Judicial. STAJ,
no obstante, ha recordado los problemas con la digitalización de la Audiencia Nacional y hemos exigido una digitalización
correcta y sin errores.
Reforma proceso penal.
Tampoco habrá tiempo ya para una reforma en profundidad del proceso
penal en el sentido de
trasladar la instrucción al Fiscal. En cambio, sí habrá unareforma parcial de la LECRIM que buscará la agilización de trámites
para hacer más rápidos los procesos peales.
Ley de tasas.
Sí nos ha informado el Ministro de su
intención de revisar la Ley de tasas, y en este
sentido desde STAJ le hemos instado a que, al menos,
deben eliminarse todas las tasas que suponen un entorpecimiento del acceso a la Justicia ciudadanos
y de forma especial hemos insistido en la eliminación de las tasas en los
procedimientos contenciosos de los funcionarios en defensa de sus derechos
estatutarios.
Desjudicialización Registro Civil.
Por lo que respecta a la desjudicialización del Registro Civil,
el Ministerio no va a modificar la ley ya aprobada, por lo que sigue su curso
la entrega a los Registradores mercantiles, si bien buscando nuevas fórmulas
para la mejor prestación del servicio por parte de estos, garantizando en todo
caso la
gratuidad. Desde STAJ hemos insistido en que el Registro
Civil debería seguir siendo un servicio dentro de la Administración de
Justicia y que, en todo caso,
deben garantizarse todos los puestos de trabajo en todos los territorios,
habiéndonos manifestado el Ministro que se está trabajando en esa línea y que
la intención es que todos los funcionarios afectados, titulares e interinos,
permanezcan prestado servicios en las mismas localidades actuales. En cuanto a
la situación en que quedarán los Juzgados de Paz tras la desjudicialización,
por perder buena parte de sus funciones actuales, el Ministro confirma lo
recogido en el preacuerdo en cuanto a la asunción de nuevas funciones por parte
de esos juzgados en materia de mediación y colaboración general con la Administración de
Justicia, así como algunas competencias en materia de Registro Civil.
Otras reivindicaciones de STAJ.
STAJ ha
recordado otras muchas reivindicaciones como la
necesidad de publicar una importante Oferta Pública de Empleo en Justicia este
año por las plazas vacantes existentes así como en años sucesivos, dado el alarmante
grado de interinidad actual del personal y la falta de cobertura de muchos
puestos de trabajo, petición que cuenta con el apoyo expreso de la Defensora del Pueblo
tras las quejas formuladas por STAJ. El Ministro se ha comprometido a
buscar fórmulas que permitan avanzar y ampliar la Oferta Pública de Empleo en Justicia, dentro de la
política general del gobierno en esta materia.
Hemos exigido la potenciación de la promoción interna,
y la modificación del régimen
disciplinario, la mejora del
sistema de productividad previsto
en la ley para que no solo se beneficien unos pocos del trabajo de todos. Y recuperación de los derechos perdidos,
especialmente en materia de permisos, supresión o al menos suavización del régimen de descuentos por IT al modo en que lo tiene jueces y
fiscales, y algunos territorios, y la recuperación
salarial, incluida la totalidad
de la paga extra de 2012. Hemos recordado que los funcionarios de Justicia
estamos realizando un sobreesfuerzo especial dado que como consecuencia de la
crisis y la falta de cobertura de muchos puestos, nuestro trabajo se ha
multiplicado. También hemos insistido en la necesidad de solucionar el problema
de las cotizaciones de Seguridad social antiguas, que STAJ lleva
trabajando desde hace meses.
De todo se ha mostrado dispuesto a
hablar el Ministro, coincidiendo con nosotros en la necesidad de abordar todas
estas cuestiones y el resto de condiciones laborales en la mesa sectorial de
justicia, potenciándola y dotándola de la máxima autonomía posible. A tal fin,
ya nos ha adelantado que se convocará reunión de mesa sectorial para el próximo
5 de noviembre donde fijaremos un calendario de negociación. Esperemos que las
buenas intenciones mostradas por el Ministro se traduzcan en la recuperación de
los derechos perdidos y en la mejora de nuestras condiciones de trabajo.