En la comparecencia del 5 de diciembre
de 2016 en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el ministro de
Justicia, Rafael Catalá, acabó con los temores de la privatización de los Registros
Civiles al destaparse con una propuesta que apuesta, sin ambages, porque sigan siendo
públicos.
“Propongo que la llevanza del Registro
Civil sea cien por cien pública. Confiando que su atribución, a un determinado cuerpo
de empleados públicos, pueda surgir de las negociaciones con las organizaciones
sindicales. Pueden ser los Letrados de la Administración de Justicia o los que acordemos
con los representantes de los trabajadores en esta Comisión”.
“Además, también con la idea de crear
oficinas generales del Registro Civil que tengan plantillas de funcionarios de la
Administración de Justicia singularizadas dentro de los juzgados que atienden esta
función junto con otras de ámbito civil o penal”, añadió.
Según el ministro su compromiso es
impulsar un Registro Civil público, gratuito, electrónico, más seguro y operativo.
La propuesta del ministro tiene lugar en el principio de la cuenta atrás, pues en
Junio de 2017 tendría que entrar en vigor la implementación del nuevo Registro Civil
contemplado en la Ley 20/2011, aprobada con el consenso de todos los grupos políticos.
De esta forma, Catalá despeja definitivamente la amenaza de la privatización que
había sido contestada de un modo muy combativo por los trabajadores de los Registros
Civiles y por las organizaciones sindicales.
“Los funcionarios tienen que estar
absolutamente tranquilos de que no va a haber ninguna amenaza al empleo, más bien
todo lo contrario, continuidad, de un proyecto desde lo público, de un Registro
Civil único, actual, telemático y cercano al ciudadano”, concluyó en este punto.
Desde STAJ recordamos que las organizaciones
sindicales que negociarán con el ministro son las más representativas a nivel nacional,
esto es, STAJ, CSIF, CCOO y UGT. Quede claro, entonces, que éstos son los sindicatos
que negociarán el futuro del Registro Civil.
Por otra parte, desde STAJ nuestra
reivindicación con respecto al Registro Civil siempre ha sido la misma, un Registro
Civil público y gratuito, dentro del ámbito de la Administración de Justicia, servido
y gestionado por funcionarios de Justicia.
Nuestras exigencias para que este
servicio “permanezca dentro del ámbito de la Administración de Justicia, servido
y gestionado por funcionarios de Justicia” han permanecido inalterables ante un
gobierno de izquierdas como uno de derechas. Uno de los sindicatos representativos
callaba esta petición ante uno y se lo exigía al otro. STAJ tampoco se ha mostrado
de acuerdo con “ocurrencias” de índole transaccional que, según soplaba el viento,
otro de los sindicatos representativos propuso, la de un registro civil gestionado
por Registradores mercantiles con la colaboración de los funcionarios de Justicia.