El Ministro
de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido esta mañana con las asociaciones de
letrados de la Administración de Justicia CNLAJ, UPSJ, SISEJ y AINSEJU,
antiguos “secretarios judiciales”, ante los que se ha comprometido a poner en marcha la desjudicialización
del Registro Civil, tal y como establece la ley aprobada en 2011 y encargarles
su dirección.
El titular de Justicia ha trasladado a los
sindicatos su intención de que sean los letrados de la Administración de
Justicia quienes se encarguen de su dirección para lo que será necesario
reformar la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil y analizar las
cargas de trabajo de cada registro para lograr una organización más eficiente.
Todo ello para impulsar un modelo de servicio
público, gratuito, electrónico y cercano al ciudadano, informa Justicia en un comunicado
Desde el SISEJ, han emitido un comunicado en el que muestran su “decepción en términos globales con la regulación del Registro
Civil anunciada hoy por el Ministerio”.
Y aseguran que la “desjudicialización” prevista será “sólo parcial, cambiando
únicamente la figura del Encargado, hasta ahora jueces y magistrados, por los
Letrados de la Administración de Justicia, pero manteniendo intacta la
adscripción de todo el sistema a juzgados e incluso a juzgados de paz”, lo que entienden que no es más que “un puro maquillaje”.
Fue en abril de 2015 cuando el Ministerio de
Justicia aparcó la reforma del Registro Civil que entregaba su gestión a los registradores,
para abrir un período de negociación con sindicatos, operadores jurídicos y
partidos políticos en busca de un consenso, ya que aquella propuesta era
rechazada por la mayoría del sector.
Entonces, el PP derogó todas las leyes vinculadas
al traspaso de su gestión a los registradores de propiedad y mercantiles y amplió
hasta junio de 2017 el plazo de entrada en vigor de la ley aprobada en 2011,
que obliga a la desjudicialización de los registros.
PRINCIPALES PROYECTOS NORMATIVOS Durante el
encuentro, el Ministro ha enumerado también los principales proyectos
normativos que se llevarán a cabo en esta legislatura y que serán objeto de
análisis en la Subcomisión para el estudio y definición de una Estrategia
Nacional de Justicia creada recientemente en el Congreso de los Diputados y que
contará con la participación de los letrados de la Administración de Justicia.
Y ha incidido en que la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, en cuyo texto ya se está trabajando, será sin duda, ha
dicho el ministro, una de las herramientas que contribuirá a la agilización de
la Justicia y donde se creará la figura del Juez de Garantías y la del Fiscal
instructor.
En este sentido el SISEJ reconocen que la reforma
es muy necesaria, aunque entienden que “el Gobierno no está pensando en la inaplazable reforma a fondo
del proceso penal que una sociedad democrática y moderna necesita“, puesto que el ministro les ha adelantado que la citada reforma
se hará “siguiendo el principio de no introducir cambios
significativos a nivel corporativo de los colectivos afectados, más allá de los
800 jueces de instrucción que deberán redefinir su papel”.
También ha destacado la progresiva extensión del
uso de medios electrónicos en la Administración de Justicia y ha agradecido a
las asociaciones de letrados su labor de dinamización y compromiso con la
implantación de los sistemas LexNET y Justicia Digital. El reto ahora, ha
asegurado, es evolucionar hacia un sistema de gestión procesal común para toda
la Administración de Justicia.
Fuente www.elconfilegal.com