Catalá se reúne con las organizaciones sindicales para abordar
el futuro del Registro Civil
CATALÁ ASEGURA EN LA REUNIÓN QUE, APUESTA POR UN REGISTRO CIVIL, DESJUDICIALIZADO, PÚBLICO, GRATUITO, CERCANO A LA CIUDADANÍA, DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, GESTIONADO POR FUNCIONARIOS DE JUSTICIA Y CON EL MANTENIMIENTO DE SU ACTUAL ESTRUCTURA TERRITORIAL EN PARTIDOS JUDICIALES Y JUZGADOS DE PAZ.
El Ministro afirma que está dispuesto a utilizar la proposición de ley de Unidos Podemos como punto de partida para modificar la Ley 20/2011 del REGISTRO CIVIL en los términos que ha anunciado, pero que antes de apoyar dicha proposición en el Congreso, quiere negociar con los representantes de las y los trabajadores para llegar a un acuerdo definitivo.
Todos los sindicatos hemos manifestado que apoyamos la proposición de Ley de Unidos Podemos como vehículo normativo para dar una solución definitiva al modelo de Registro Civil y hemos reclamado al ministro Catalá que el Grupo Popular la apoye en el Parlamento español.
Si bien, todos los sindicatos representativos hemos manifestado nuestro acuerdo con las palabras del Ministro Catalá, porque representan un avance sustancial del Ministerio de Justicia sobre sus posiciones iniciales, las intervenciones al final de la reunión del Ministro y de la Secretaria de Estado de Justicia ponen un borrón preocupante sobre sus intenciones finales.
Ambos, pero especialmente la Secretaria de Estado, han manifestado claramente, que, para apoyar la proposición de Ley de Unidos Podemos en la toma de consideración en el Congreso (que para los sindicatos es la única opción posible para que, antes del 30 de junio de 2018 y si no se quiere una nueva prórroga, pueda debatirse en el Congreso y aprobarse la reforma de la Ley 20/2011 en el camino de defender el Registro Civil como lo ha sido durante 140 años), ponen una condición: van a trasladar a los sindicatos representativos sus desacuerdos con la misma y nos emplazan a negociar.
Los sindicatos representativos les hemos trasladado que se apoye desde el Grupo Popular la toma en consideración de la proposición de Ley de Unidos Podemos, ya que contiene todo lo que contenía la proposición de Ley del Grupo Popular que no fue aprobada, y que presenten las enmiendas que consideren, tanto desde dicho grupo como desde el resto. De esa manera, se empezaría a tramitar en el Congreso esta proposición de reforma de la Ley 20/2011, que contiene la inmensa mayoría de las reclamaciones de las y los trabajadores en defensa del Registro Civil, y se abriría el camino definitivo para solucionar de una vez esta situación, que ya dura 6 años, y sin perjudicar el derecho de los grupos parlamentarios a defender sus enmiendas para mejorar el proyecto desde la perspectiva de cada grupo.
Las organizaciones sindicales hemos interesado al Ministro que, si fuese necesario, mientras se tramita la modificación de la Ley 20/2011, se prorrogase la vacatio legis de la citada Ley, introduciendo en la norma que prevea la vacatio todos los puntos aceptados por el Ministro en su intervención.
Pero parece que lo que pretende el Ministro y la Secretaria de Estado es que los sindicatos avalemos enmiendas del Gobierno a la proposición de Ley de Unidos Podemos, porque son líneas rojas para el Gobierno y el Grupo Popular, para de esa forma poder justificar su voto favorable a un proyecto ante la ciudadanía, que ha sido elaborado por otro Grupo.
La próxima semana el Ministerio de Justicia nos remitirá los contenidos que rechazan sobre la proposición de Ley de Unidos Podemos, y que quieren presentar para negociación con los sindicatos, antes de tomar la decisión de apoyar o no la toma en consideración de dicha proposición de Ley.
Los sindicatos hemos trasladado al ministro de Justicia, a la secretaria de Estado de Justicia y a todo el equipo (ha asistido también, entre otros, el director de los Registros y del Notariado), que estamos dispuestos a negociar, pero que debe ser el Ministerio el que traslade su propuesta inicial.
¡¡¡EN DEFENSA DEL REGISTRO CIVIL!!!
PÚBLICO, GRATUITO, CERCANO A LA CIUDADANÍA, ¡SERVIDO EN EXCLUSIVA POR EL PERSONAL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y CON EL MANTENIMIENTO DE SU ACTUAL ESTRUCTURA TERRITORIAL Y DE TODOS SUS PUESTOS DE TRABAJO.