En reunión mantenida el pasado día 22 de marzo por STAJ con
responsables del Ministerio de Justicia, se nos informó que la apuesta del
actual Gobierno es por la plena entrada en vigor de la Ley 20/2011, sin más
modificaciones y sin más prórrogas. Recordamos que actualmente la
vacatio legis está prorrogada hasta el 30 de junio del año 2.020.
Cómo sabéis, ello supone que la estructura y demarcación actual del
Registro Civil tal como la conocemos desaparecerá por completo, pues la Ley de
2011, además de desjudicializarlo, organiza el Registro Civil en Oficinas
Generales en las Comunidades Autónomas -además de la Oficina Central y las
Consulares-, que dependerán del Ministerio y Comunidades Autónomas, pero fuera
de la Administración de Justicia.
Todo ello viene recogido en los artículos 21 y 22 del Capítulo I "Oficinas del Registro Civil", del Título Tercero del la Ley del Registro Civil.
Todo ello viene recogido en los artículos 21 y 22 del Capítulo I "Oficinas del Registro Civil", del Título Tercero del la Ley del Registro Civil.
En consecuencia, todo el personal que actualmente presta servicios en
los actuales Registros Civiles Únicos y que no obtenga un puesto de trabajo en
las RPTs de las nuevas Oficinas Generales (en virtud de lo previsto en
la DT
8ª de la ley 20/2011), será reordenado a otros puestos de trabajo; y en
aquellos Juzgados que compatibilicen funciones jurisdiccionales con las del
Registro Civil, en los que exista un exceso de plantilla como consecuencia de
esta función, se producirá una modificación de la plantilla por desaparición de
las plazas adscritas a Registro Civil, lo que provocará, igualmente, una
reordenación de los efectivos sobrantes.
STAJ ha vuelto a manifestar al Ministerio nuestra frontal
oposición a esta nueva organización del Registro Civil y hemos exigido el
mantenimiento de la estructura actual, incluidos los Juzgados de Paz, como un
servicio dentro de la Administración de Justicia, así como su consideración
como servicio público gratuito, cercano a los ciudadanos.
STAJ va a dirigirse nuevamente a todos los partidos
políticos instándoles a que apuesten por el mantenimiento del Registro Civil
con su estructura actual. Lamentamos, eso sí, las oportunidades perdidas por
inaceptables e incomprensibles luchas políticas, cuando
hace un año el Parlamento rechazó tramitar la proposición presentada en la que se
mantenía la actual estructura.