Exigimos equiparación
salarial y desarrollo bases Carrera profesional, modificación régimen
sustituciones y recuperación de la reserva del 50% para la promoción interna.
El pasado jueves se
celebró por videoconferencia una reunión entre el Ministerio de Justicia y las
Organizaciones sindicales representativas en la
que el Ministerio ha presentado a los sindicatos los proyectos que van a
ponerse en marcha en los próximos meses, acelerados algunos de ellos como
consecuencia del estado de alarma y la necesidad de acometer reformas que
supongan una agilización real de la Administración de Justicia y una reducción
del volumen de asuntos existentes y el incremento previsto por efecto de la
pandemia.
Estos proyectos se desarrollan en cuatro grandes bloques: Justicia digital, Reforma procesal para la implantación de medidas de Justicia digital y sostenible, Justicia 2030, así como la instauración de un modelo de gobernanza y “justicia orientada al dato”.
Estos proyectos se desarrollan en cuatro grandes bloques: Justicia digital, Reforma procesal para la implantación de medidas de Justicia digital y sostenible, Justicia 2030, así como la instauración de un modelo de gobernanza y “justicia orientada al dato”.
Se pretende el pleno desarrollo
de la Justicia digital, con fuerte inversión en medios tecnológicos, con
implantación de vistas telemáticas, atención al ciudadano mediante
videoconferencia, acceso de profesionales y ciudadanos a sus expedientes judiciales
a través de portal, implantación de la cita previa telefónica, etc.
También se van a acometer
reformas procesales que agilicen los procedimientos judiciales, sobre todo en
el Orden Civil, Social y Contencioso-administrativo, simplificando trámites, y
permitiendo la realización de algunos de ellos desde cualquier lugar sin
necesidad de desplazamiento de los ciudadanos a la sede judicial, potenciando
igualmente el “teletrabajo”.
También se buscará una
disminución de la litigiosidad mediante mecanismos de solución extrajudicial de
conflictos, que podrán ser obligatorios en determinados supuestos. En materia
organizativa y programa “Justicia 2030”, el Ministerio apuesta
decididamente por la instauración de los Tribunales de instancia, pero sin
desaparición de los actuales Partidos Judiciales e instaurando además lo que
denomina “oficinas municipales de justicia”, si bien no
concreta cuáles serán sus funciones ni si sustituirán o no a los actuales
Juzgados de Paz. En palabras del Ministerio, se trata de acercar la justicia al
ciudadano y no de alejarla.
En materia de “gobernanza”, el
Ministerio quiere mantener la experiencia adquirida durante el estado de alarma,
de coordinación con las CCAA con competencias, CGPJ y Fiscalía General de
Estado, asegurando que se contará con la participación de otros colectivos
implicados en la Administración de Justicia, así como con las organizaciones
sindicales. Junto a ello, el Ministerio apuesta por lo que denomina “Justicia
orientada al dato”, de modo que las Administraciones competentes puedan
contar con información suficiente y en tiempo real para poder tomarlas mejores
decisiones en materia organizativa, entre otras, información que también estará
disponible para los agentes sociales.
Desde STAJ hemos acogido
con escepticismo estos proyectos, si bien celebramos que el Ministerio
apueste por la modernización de la Justicia, su digitalización, y por acometer
medidas que supongan agilización de trámites y alivio de la sobrecarga de
trabajo que padecen la inmensa mayoría de Órganos judiciales.
En cuanto a las reformas en
materia organizativa, hemos dejado claro que cualquier reforma en la
materia debe partir de la garantía de respeto a los derechos y retribuciones de
los funcionarios, ha de permitir la diferenciación y especialización de los
puestos de trabajo y la libre elección de los mismos por parte de todo el
personal, es decir, la movilidad voluntaria, exclusivamente, y huir de
cualquier tipo de imposición o limitación en este sentido, mostrando además
nuestra oposición a la desaparición de los puestos de trabajo actuales. En
este sentido, el Ministerio se ha mostrado conforme en buscar el consenso y
establecer un marco de negociación que incluya estos aspectos.
En materia de Registro
Civil, hemos reiterado nuestra posición de mantenimiento de la actual
estructura y servicio enteramente por funcionarios de la Administración de
Justicia, algo compartido, en principio, por el Ministerio.
Sobre la solución extrajudicial
de conflictos, desde STAJ reclamamos que no suponga una suerte de
privatización encubierta de la Justicia, algo que el Ministerio
asegura que no se producirá. Al mismo tiempo, hemos recordado las
funciones previstas en la LOPJ para los Cuerpos de Gestión y Tramitación en
materia de mediación, de ahí que apostemos por la mediación intrajudicial.
Por lo que respecta a las nuevas
tecnologías, desde STAJ hemos exigido la obligatoriedad de su
uso para todos y no solo para los funcionarios, y en cuanto al teletrabajo,
hemos reclamado también que sea la Administración la que dote de los medios
necesarios, todo ello dentro del marco de una negociación que debe producirse
ya y en todo caso tan pronto desde el Ministerio de Trabajo se establezcan las
pautas generales de aplicación para todos los trabajadores.
Por lo que respecta a la
coordinación con las CCAA, CGPJ y FGE, y la posible participación de las
organizaciones sindicales, hemos exigido que se garantice esta participación,
además de resaltar que sería un grave error ignorar a los representantes del
colectivo más numeroso que presta sus servicios en la Administración de Justicia,
que son además los mejores y mayores conocedores de los problemas del día a día
de los juzgados y tribunales, además de constituir un personal altamente
cualificado y con elevados conocimientos procesales, que se demuestran cada
día.
Desde STAJ hemos exigido la plena
participación y reconocimiento legal y retributivo por las numerosas funciones
procesales que realizamos de facto y las que se avecinan como consecuencia de
las nuevas tecnologías y la pretendida plena digitalización de la Justicia.
Además de la participación
en el diseño de todas las reformas, hemos exigido el desarrollo de la Carrera
profesional, abono del complemento de Juzgados de VIO, la modificación
del régimen de sustituciones que implique la obligación de abono completo de
las retribuciones del Cuerpo al que se sustituye, el desarrollo de la
regulación de las comisiones de servicio donde aún no se ha regulado -caso del
ámbito del Ministerio de Justicia-, así como la mejora de la promoción interna,
con recuperación de la reserva del 50 % de las plazas disponibles.
Por último y aunque el
Ministerio insista en que no está en sus planes y que la situación económica es
muy comprometida, hemos vuelto a exigir la equiparación salarial, que acabe con
las tremendas desigualdades existentes y que padecen todavía algunos ámbitos y,
especialmente, el Ministerio de Justicia. Si se pretende la implicación
del personal en estas reformas que se avecinan, lo primero que debe hacer el
Ministerio es incentivar a los trabajadores, algo que nunca logrará manteniendo
una brecha salarial que resulta poco menos de vergonzosa.
El Ministerio no está por
la labor de atender ninguna de estas reivindicaciones, ni siquiera mínimamente;
el Ministerio hace caso omiso a estas reivindicaciones, algunas de ellas
históricas y que son de Justicia, como acabar con la discriminación de los
funcionarios que prestamos servicio en ámbito no transferido o el complemento
de los Juzgados VIO, otras más recientes y que se contemplan expresamente
en la LOPJ, como es la Carrera profesional.
El colectivo de
funcionarios de Justicia debe saber que no existe un sindicalismo mágico, que
resuelva los problemas y haga que las reivindicaciones se satisfagan por arte
de magia, y mucho menos cuando la otra parte, la Administración empleadora, se mantiene
en su cerrazón, torpeza o falta de capacidad para entender. En casos así, si se
quiere conseguir algo, tan sólo resta acudir al conflicto laboral.