· El Ministerio no acepta el incremento en el complemento general de puesto, trasladando la responsabilidad de una posible subida salarial a cada ámbito, en el complemento específico.
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El Ministerio no asume la subida salarial a la totalidad de los
45.000 funcionarios en el complemento general del puesto, cuando hace
menos de un año ha incrementado el sueldo de LAJs, jueces y fiscales. Sí
que acepta el incremento para los funcionarios del ámbito no
transferido, los gestionados por el propio Ministerio, en el complemento
específico de ámbito ministerio.
El
pasado día 7 de marzo se ha celebrado reunión de mesa sectorial con el
Ministerio de Justicia, en la que por parte de la Administración se ha
mostrado nuevamente su postura inamovible en cuanto a la aplicación de
un incremento salarial para todos los funcionarios de los Cuerpos
generales y especiales en todos los ámbitos y con ello dar una salida
justa al conflicto.
El
Ministerio ha explicado que en la reunión de la conferencia sectorial
del 1 de marzo con las CCAA les trasladó la necesidad de que la solución
al conflicto pasaba por que cada Administración negociase en su propio
ámbito el incremento salarial, en el complemento específico, que es
competencia exclusiva de cada una de ellas.
Frente
a la postura del Ministerio, las CCAA manifestaron mayoritariamente en
esa conferencia que la solución pasaba por el incremento retributivo en
el complemento general del puesto, que es competencia del Estado, eso
sí, con compensación económica por parte del Gobierno, para poder
afrontarlo.
La
negativa del Ministerio y el Gobierno de la Nación, sin dar
explicaciones ni tener razón objetiva alguna que lo impida, refleja la
nula voluntad de reconocimiento de lo que las leyes de eficiencia van a
suponer para la totalidad del Estado a los 45.000 funcionarios. ¿Acaso
las leyes de eficiencia y la transformación digital de la Administración
de Justicia se van a aplicar solo en aquellos ámbitos donde,
hipotéticamente, se consiga un incremento salarial, si es que se
consigue? El Ministerio impone el cumplimiento de la ley para todos,
pero propicia un trato desigual entre territorios en el reconocimiento
retributivo de la labor que desempeñan ya, y la que van a desempeñar a
partir de ahora, los cuerpos generales y especiales en toda la
transformación de la Justicia en toda España.
En definitiva, el Ministerio trata de echar un pulso político a las CCAA,
propiciando desigualdades entre territorios, ante un proyecto que,
según sus propias palabras, debería ser único y homogéneo, sin
importarle lo más mínimo los derechos, las retribuciones, y las
condiciones de trabajo de los 45.000 funcionarios de los Cuerpos
generales y especiales de la Administración de Justicia.
Desde STAJ
hemos manifestado al Ministerio su falta de lealtad y el engaño a que
ha sometido a los funcionarios de Justicia de toda España, y le hemos
reprochado que, además de haber demostrado un clasismo rancio aplicando
subidas salariales a los Cuerpos superiores, pretenda ahora generar más
desigualdades entre los funcionarios.
Con
esta actitud, el conflicto no solo no se cierra, sino que se acentúa.
La desmotivación entre el personal provocada por este desprecio de
nuestros gobernantes hacia los funcionarios y funcionarias, hará que
fracase la puesta en marcha de los proyectos de reforma de este Gobierno
que se dice “progresista”.