9 de julio de 2026

STAJ INSTA AL MINISTERIO Y A LAS COM. AUTÓNOMAS A INCREMENTAR PROPORCIONALMENTE LA DOTACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO ANTE LA CREACIÓN DE NUEVAS PLAZAS JUDICIALES Y FISCALES.

 En el Boletín Oficial del Estado de hoy 9 de julio se ha publicado el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, de creación de quinientas unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026 y de adecuación de la planta judicial, y el Real Decreto 560/2026, de 8 de julio, por el que se amplía y modifica la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes.


El primero de ellos establece la creación de numerosas plazas judiciales y de magistrado y magistrada, en Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Audiencias provinciales y en Tribunales de Instancia de todo el territorio nacional. La mayoría de estas plazas entran en funcionamiento el día 31 de diciembre de 2026, y el resto, lo hará el 1 de junio y el 1 de noviembre de 2027.

El segundo Real Decreto establece también la creación de numerosas plazas de Fiscales en Fiscalías provinciales, de Área y Secciones territoriales, con fecha de efectividad el 31 de diciembre de 2026. La creación de plazas judiciales y fiscales es una medida necesaria, pero será completamente ineficaz si no se acompaña del incremento proporcional de la dotación de puestos de funcionarios en las Relaciones de Puestos de Trabajo de las diferentes oficinas judiciales y fiscales que prestan apoyo y soporte a las plazas judiciales y fiscales que se crean. De no hacerse, la sobrecarga de trabajo ya excesiva que soporta el personal será inasumible, y lejos de suponer una agilización y mejora de la tramitación y resolución de los procedimientos judiciales, los ralentizará aún más provocando un deterioro del servicio inaceptable.

Por ello, desde STAJ nos estamos dirigiendo a Ministerio y Comunidades Autónomas con competencias en la materia, instándoles a que se inicie la tramitación para la modificación de las Relaciones de Puestos de trabajo de las oficinas judiciales y fiscales afectadas, con incremento del número de puestos de funcionarios en proporción al número de plazas judiciales y fiscales que se crean, de manera que estén dotadas de suficiente personal en el momento de entrada en funcionamiento y efectividad de dichas plazas.