NOTA DE PRENSA DE STAJ:
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero que
establece una nueva estructura del servicio público de Justicia, la pretendida
reforma de la Administración de Justicia, una vez implantada, ha comenzado su
andadura en su tercera fase desde mediados de 2025 en la primera semana de este
mes de enero, en la que se incluyen todas las capitales de provincia y algunas
poblaciones grandes, tras una primera y segunda fases en ciudades y municipios
con menor número de órganos judiciales.
Reforma con la que el Ministro del ramo, Sr. Bolaños, pretendía sacar
la Administración de Justicia del continúo atasco e ineficacia, pero nada más
lejos de la realidad, lo que está suponiendo es el mayor caos, en años, de una
Administración Pública y todo ello debido a la improvisación y al
desconocimiento absoluto de lo que es esta Administración, donde se ha
hecho oídos sordos a las advertencias, que desde el Sindicato de Trabajadores
de la Administración de Justicia, junto a los trabajadores, se venían
realizando, incluso en muchas ocasiones menospreciándolos, en una demostración
más del auténtico desconocimiento que se tiene desde las cúpulas de esta
Administración.
Tras múltiples conferencias sectoriales entre el Ministerio de
Justicia y todas las CCAA, nadie puso freno al pretendido sinsentido de la
implantación de los Tribunales de Instancia sin una planificación y preparación
suficiente de todos los implicados ante tamaña transformación, y así, en lo que
llevamos de año, la desesperación de los trabajadores y las trabajadoras para
poder prestar el servicio público es enorme, como gigantesca la falta
de personal pendiente de ser nombrado, llegando a situaciones dantescas de
alguna Comunidad Autónoma, que pretende no solo no cubrir los puestos vacíos o
retardarlo, algo que debería ser impensable, sino que además pretende
prescindir de más funcionarios, vulnerando con ello los acuerdos alcanzados con
el propio Ministerio de Justicia, de no amortización de plaza alguna, y otros
que obligaban a una estructura de las Relaciones de Puestos de trabajo que
establecía un mejor reparto y distribución de la carga de trabajo, entre otras
garantías para el personal funcionario y el propio servicio público.
STAJ viene denunciando el atropello al colectivo
mayoritario de esta Administración con 49.000 funcionarios y funcionarias que
no solo se han encontrado con que no se fomenta la especialización al negarse a
crear los necesarios equipos orgánicos en las Relaciones de Puestos de trabajo,
algo que debería ser vital en una Administración con jurisdicciones y materias
tan diversas, sino que además no hay organización, no ha existido preparativo
alguno en la mayoría de los ámbitos, todo es improvisación, y algunos de los
protocolos aprobados para el reparto del trabajo se han demostrado ineficaces.
En una Administración donde todavía en muchos sitios se trabaja en formato
papel, se debería haber venido realizando con antelación, como se venía
pidiendo desde STAJ, la digitalización de toda la documentación, y
la prohibición del uso de papel, salvo excepciones justificadas, por todos los
implicados, incluidos jueces, con el fin de que cuando llegara este proceso no
fuera el caos que actualmente se está dando, donde hay que mover
montones de cajas con procedimientos en papel y donde muchos funcionarios, los
cambian de sitio constantemente, no saben dónde se tienen que sentar en la
nueva estructura y cuáles son sus procedimientos, en qué estado se encuentran o
simplemente no tienen ordenador asignado.
Si uno se da una vuelta estos días por alguno de los partidos
judiciales de los distintos ámbitos de la geografía española, en la mayoría
solo encontrará caos y desorganización y en algunos ámbitos cajas con
procedimientos en papel por todas partes, incluso por el suelo, funcionarios
que intentan saber qué es lo que tienen que tramitar, cuál es el trabajo que se
les asigna pues su cometido ha cambiado, ordenadores desconectados y esperando
a que los cambien de sitio porque el funcionario aún no sabe dónde se va a
sentar, impresoras desconectadas que no se pueden usar y en general
funcionarios por todas partes que no pueden realizar su trabajo porque o no
tienen medios informáticos para realizarlos o no se pueden sentar aún en su
nuevo puesto o simplemente no se han llevado los procedimientos a dónde va el
trabajador.
La imposibilidad de prestar el servicio y el desbarajuste reinante
están perjudicando de manera directa a funcionarios y ciudadanos, pese a
que STAJ continúa reclamando la inversión necesaria en medios
y en personal, muy escaso tras la puesta en marcha de estos Tribunales que
lejos de necesitar menos personal para funcionar, necesitan más manos para
poder atender a las necesidades de los ciudadanos en esta materia.
Y a todo esto nadie está teniendo en cuenta, salvo el personal
funcionario de la Administración de Justicia española, que son los que tendrán
que solucionar finalmente el caos que han organizado, que la acumulación que se
está produciendo afectará de manera directa a los tiempos de solución de
conflictos de los ciudadanos que acuden cada día a los Tribunales españoles.
STAJ continúa recordando al Ministerio de Justicia que por
muchos Jueces que se pretenda nombrar, si no se ponen funcionarios que tramiten
y ejecuten lo que deciden, la nueva estructura judicial no sirve para
solucionar el problema de ineficacia de la Justicia, por lo que STAJ sigue
reclamando la inversión necesaria en personal en todos los ámbitos de la
Administración de Justicia española y los medios técnicos necesarios para poder
hacer frente a la actual situación, exigiendo las modificaciones necesarias en
los protocolos y en las propias Relaciones de Puestos de Trabajo, para que se
vuelva a una especialización en los destinos de los funcionarios y funcionarias
en las distintas materias y el reconocimiento al esfuerzo que desde el
colectivo se está realizando para poner soluciones en el caos reinante.
