El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia,
pretende aplicar al personal de Justicia los recortes contenidos en el RDL
20/2012 de
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria.. Para
ello prevé llevar a
cabo una MODIFICACIÓN SUSTANCIAL de la LOPJ que significaría empeorar gravemente nuestras
condiciones de trabajo y retributivas, como son:
- pérdida de días de asuntos particulares (actualmente
9),
- reducción de las retribuciones cuando estemos de baja médica (IT) desde el
primer día y justificación médica
desde el primer día,
- movilidad geográfica y funcional con cambio de destino y partido
judicial,
- además de reflejar expresamente la supresión de la
paga extraordinaria de diciembre de 2012.
Para STAJ estos cambios sustanciales en nuestras
condiciones de trabajo son inadmisibles,
nefastos para nuestro futuro laboral e ineficaces para la mejora de la Administración de
Justicia como servicio público. De hecho:
- Supondrían la mayor agresión en
cuanto a pérdida de derechos de
toda índole que tanto tiempo costaron conseguir.
- Supondrían dejar sin contenido nuestro
Estatuto Jurídico, que hasta ahora reconocía las especifidades propias del
personal de Justicia, equiparándonos en lo peor al resto de
Desde STAJ consideramos que hay fórmulas y alternativas diferentes de aplicación del RD Ley 20/2012 sin perder derechos, máxime cuando las Asociaciones de Jueces y Fiscales han alcanzado acuerdo con el Ministerio de Justicia, conservando 12 días de libre disposición y probablemente una compensación retributiva importante por sustituciones.
Los sindicatos representativos de Justicia a nivel
estatal (STAJ, CSIF, CCOO y UGT) hemos exigido por escrito la inmediata
convocatoria de
Si el Ministerio no convoca en los próximos días
dicha Mesa Sectorial para abrir la negociación preceptiva de todos esos temas,
o iniciada esta, no tuviera el resultado satisfactorio para nuestro colectivo,
STAJ propondrá al resto de sindicatos la convocatoria inmediata de un
calendario de movilizaciones del personal de la Administración de Justicia a
nivel estatal, acordando las medidas de presión y protesta que fueran
necesarias en defensa de nuestro futuro profesional, que deberán desembocar en
la convocatoria de huelga a nivel nacional en el momento y con el formato que
el colectivo al que representamos considere más conveniente.