El Ministerio eliminará la obligación de postulación de los funcionarios

También nos asegura que mantendrá los puestos de trabajo de las plantillas de los actuales Registros Civiles

El Subsecretario de Estado de Justicia nos ha asegurado que, además de la equiparación al resto de trabajadores en lo que se refiere a las tasas, también se va a suprimir la obligación de asistir los funcionarios con abogado y procurador cuando interpongamos recurso contencioso-administrativo en defensa de nuestros derechos estatutarios, volviendo con ello a la situación anterior a la Ley de Tasas. Esta modificación se incluirá en la nueva Ley de Justicia Gratuita que está pendiente de aprobarse. Esta, junto con la eliminación de las tasas, ha sido una de las mayores reivindicaciones de STAJ porque tanto las tasas como la exigencia de abogado y procurador constituían un claro retroceso con finalidad exclusivamente disuasoria, discriminando a los funcionarios públicos con respecto al régimen que rige para el resto de los trabajadores, obligándonos a aceptar a pies juntillas los abusos que pudiera cometer la Administración contra nosotros.

En cuanto a la cuantía de las tasas en los recursos de casación y apelación para los funcionarios en defensa de sus derechos estatutarios, también se han reducido dejándolas igual que en el orden Social. Asimismo, el Ministerio nos anuncia que en la Ley de Justicia gratuita elevará el umbral de renta para tener derecho a litigar gratuitamente. Para nosotros estas dos medidas no son suficientes, pero desde luego constituyen un avance importante.

Sin duda este es un gran logro de STAJ, pues hemos presionado mucho con movilizaciones, recogiendo firmas, presentando escritos y celebrando varias reuniones, junto con el resto de sindicatos con representación nacional en el ámbito de Justicia. Y sobre todo es un logro de los funcionarios, gracias a la presión ejercida a través de las movilizaciones que venimos impulsando desde STAJ desde hace meses desde el principio: luchar contra los recortes salariales y de derechos de los funcionarios públicos al servicio de la Administración de Justicia.

También hemos logrado arrancar del Ministerio el compromiso del mantenimiento de todos los puestos de trabajo que integran actualmente las plantillas de los Registros Civiles, por lo que estos puestos NO SE PIERDEN, estén o no ocupados por funcionarios de carrera, según nos asegura el Ministerio. Del mismo modo, se ha comprometido a negociar la reordenación de los funcionarios que actualmente prestan servicio en los Registros Civiles, tanto de titulares como de interinos. Ya veremos en qué se traduce esto y esperemos que el Ministerio cumpla su palabra.

No todo se ha conseguido, ni mucho menos, desde STAJ seguimos luchando para que se eliminen totalmente las tasas y cualquier medida que entorpezca nuestro acceso a la Justicia. Del mismo modo que seguimos luchando contra la desjudicialización del Registro Civil y cualquier clase de privatización de la Justicia, y por supuesto contra todos los recortes, tanto salariales como de derechos, a que nos están sometiendo tanto el Gobierno central como el autonómico.

En este sentido, os recordamos que en Andalucía –primer lugar donde se aplicó el recorte en la extra-, STAJ interpuso recurso contencioso-administrativo contra la eliminación de la paga extra a los funcionarios de la Administración de Justicia (algo que también han hecho otros sindicatos, constándonos únicamente los recursos posteriores de UGT y CCOO que se han acumulado al nuestro, sin que nos conste ningún otro recurso más) En el resto de territorios, también hemos interpuesto recursos, que están tramitándose.

Del mismo modo, estamos estudiando la viabilidad de los recursos contra el recorte de la Junta de Andalucía para este año 2013, así como contra la supresión de la jornada de de tarde en los Registros Civiles, e incluso la posibilidad de recurrir algunos aspectos de la nueva jornada y horarios, que podrían ser ilegales.

Asimismo en Cataluña la Generalitat ya ha anunciado la supresión del equivalente a una paga extra. Al igual que como el año pasado STAJ volverá a recurrir esta medida al entender que la Generalitat no tiene competencias para adoptar dicha medida al ser cuerpos nacionales y no ser funcionarios de la Generalitat de Cataluña.