Mañana día 10 de julio se celebra mesa sectorial para la negociación de los
cambios en el estatuto jurídico del personal al servicio de la Administración de
Justicia introducidos en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.
Recordemos
que durante los últimos dos meses se han venido celebrando reuniones de mesa de
trabajo donde STAJ ha presentado alegaciones y propuestas
en relación con el articulado del Anteproyecto que se hizo público a principios
de abril. STAJ también ha presentado informe al
Anteproyecto, en cumplimiento del trámite de audiencia que le ha sido conferido
al efecto, de todo lo cual ya hemos informado en anteriores notas informativas.
El
Ministerio nos ha remitido junto con la convocatoria un borrador con algunas
modificaciones que pretende hacer al texto original del Anteproyecto. Ese
borrador no recoge casi ninguna (por no decir ninguna) de las alegaciones y
propuestas que ha realizado STAJ, y sigue constituyendo un serio ataque a los derechos de los
funcionarios de Justicia, instaurando el recurso a la movilidad geográfica
obligatoria como una forma ordinaria de cobertura de puestos de trabajo.
Con el
Anteproyecto, desaparecen los partidos judiciales y los juzgados de paz, y
paralelamente desaparecen prácticamente todos los centros de destino previstos
enla Ley Orgánica actual, pues se considerará a partir
de ahora centro de destino todas las Unidades Procesales de Apoyo Directo a
Jueces y todos los Servicios comunes procesales de una misma provincia, sin que
se considere cambio de destino el cambio de un servicio común a otro. Ello
significará, en la práctica:
· Que podrán movernos de un servicio
a otro, y de una unidad a otra, de forma ordinaria sin ningún control, y ni siquiera
tendrán que justificarlo por “las necesidades del servicio”. La reorganización
de los servicios y unidades y la reubicación de los funcionarios dentro de
ellos dependerá única y exclusivamente de la voluntad del Director o Jefe de
turno.
· Que de forma ordinaria, sin ningún
control y sin ningún tipo de contraprestación, se abre la posibilidad de mover
a los funcionarios de una sede a otra, incluso
con cambio de municipio, siempre dentro de la misma provincia.
· Que a medio plazo, buena parte de las
sedes judiciales de partidos judiciales irán desapareciendo, desplazándose a
las capitales de provincia, y los funcionarios destinados en ellas también.
· Que al desaparecer los Juzgados de
Paz, se perderán miles de
plazas de la plantilla orgánica, y sus funcionarios titulares (los
interinos serán cesados), se adscribirán a los servicios comunes de forma
forzosa, lo que supone además cambio de municipio al desaparecer el puesto de
trabajo.
Las
consecuencias que traerá consigo la nueva ley son desastrosas para los
funcionarios, nos obligarán a desplazarnos sin contraprestación alguna y
perderemos todos los derechos de conciliación de la vida familiar y laboral.
Muchos interinos perderán sus puestos de trabajo. Las relaciones de trabajo no
servirán para nada pues podrán removernos del puesto sin más límite que la
provincia y sin ningún control y por supuesto sin contraprestación, lo que
provocará que todos seamos “muy obedientes” y acatemos las órdenes “sin hacer
ningún ruido”, riéndole las gracias al jefe de turno.
El texto
también supone un endurecimiento
de la promoción interna, que a partir de ahora no queda en absoluto
garantizada, rompiendo así el derecho a la promoción profesional de los
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
Se
mantiene un durísimo régimen disciplinario, incumpliendo así el Ministerio nuevamente el acuerdo al
que llegó con todas las organizaciones sindicales hace ya casi siete años.
Por todo
ello STAJ rechaza el nuevo borrador que nos
ha remitido el Ministerio, que no cambia casi nada respecto al anterior, y
hemos presentado escrito de queja recordando al Ministerio todas las peticiones
que hemos hecho, para que recapacite y traiga a la mesa sectorial un nuevo
texto que respete los derechos del personal al servicio de la Administración de
Justicia.
Todas las
propuestas de STAJ tratan de salvaguardar los derechos de
los funcionarios y mejorar sus condiciones de trabajo, pero el Ministerio sigue
haciendo oídos sordos, por lo que si en el transcurso de la mesa sectorial no hay
ningún avance, nos veremos obligados a convocar movilizaciones ante lo que podría suponer el peor
retroceso en los derechos y condiciones laborales de los funcionarios de los
cuerpos al servicio de la
Administración de Justicia que haya existido jamás.