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Dice
en su discurso que revisará la ley de tasas judiciales y apuesta por un sistema
de Registro Civil eficaz y ágil
Prensa:
El nuevo ministro de justicia revisará la Ley de tasas judiciales.
El nuevo
ministro de Justicia Rafael Catalá ha fijado el “análisis” y la “mejora” en la
aplicación de las nuevas tasas judiciales, la revisión del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
y la reforma del Registro Civil entre sus prioridades al frente del Ministerio.
Catalá ha recibido este lunes la cartera de Justicia de manos de su antecesor,
Alberto Ruiz-Gallardón, en el Palacio de Parcent. Esta mañana ha jurado el
cargo en el Palacio de la
Zarzuela y, acto seguido, ha participado en el Consejo de
Ministros que ha aprobado recurrir la consulta soberanista de Cataluña ante el
Tribunal Constitucional.
“Os
convoco a alcanzar un gran acuerdo que permita el desarrollo equilibrado de las
reformas pendientes”, ha trasladado Catalá a todos los operadores jurídicos,
para pedirles su colaboración a cambio de ofrecerles “diálogo, lealtad y
voluntad de consenso”.
PRIORIDADES
COMO MINISTRO
Catalá,
que ha regresado a la que fue su “casa” entre 2002 y 2004 como 'número dos' de
José María Michavila, ha fijado sus prioridades para este año de legislatura:
la revisión del Código Penal y de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, la “mejora” de los sistemas
de justicia gratuita, el “análisis y la mejora” en la aplicación de la ley de
tasas, la “mejor versión” final de la
Ley de Servicios Profesionales y la implantación de un
sistema eficaz y ágil de Registro Civil.
Además, ha
prometido aumentar las plazas de jueces y fiscales para dar solución a la
situación de jóvenes que salen de la Escuela Judicial y no tienen destino. Aunque no ha
citado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que revoluciona el
mapa judicial, sí ha mostrado su compromiso para trabajar a favor de una
justicia electrónica.
Catalá ha
agradecido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la compleja pero
gratificante tarea que le ha encomendado para dirigir un “Ministerio de
Estado”, asociado a la mejora de la Administración de Justicia, algo que constituye
un pilar del Estado. En este sentido, ha recordado que el Estado social y
democrático de derecho tiene entre sus fundamentos el imperio de la Ley , cuyo amparo queda
garantizada con la “inalienable libertad y la obligada igualdad de todos los
ciudadanos”.
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Recordemos
que STAJ ha combatido fuertemente la Ley de Tasas, pues impide el
acceso igualitario a la justicia de aquellos que menos recursos tienen,
habiendo impulsado junto a plataformas profesionales y ciudadanas el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la misma por
diversos grupos parlamentarios, además de haber forzado una modificación que
suavizó, aunque de forma insuficiente, las previsiones de esa Ley.
En cuanto
al Registro Civil, ya ha sido admitido a
trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la privatización del
Registro Civil, que también ha sidoimpulsado por STAJ y
que ha sido interpuesto por varios grupos políticos del Congreso de los
Diputados. Si la idea del nuevo Ministro confirma la privatización, STAJ continuará con las movilizaciones y
todas las acciones que está realizando contra la misma, sin descartar la
convocatoria de huelga.
Entre las
reformas proyectadas por el anterior Ministro, la que más directamente afecta
al estatuto jurídico de los funcionarios al servicio de la Administración de
Justicia es la de la Justicia en España no
pasa por reformar una y otra vez la ley, sino en invertir más y mejor en medios humanos y
materiales, incrementando el número de jueces y de todo el personal al servicio
de la Administración
de Justicia y llevando a cabo una auténtica modernización tecnológica de la
tramitación procesal.
En
2003 ya se reformó la LOPJ para introducir un nuevo
modelo de organización de las oficinas judiciales, que aún está en fase muy
inicial de implantación, y que si está fallando en algunas ciudades es
precisamente por la falta de inversión. Gallardón
ha intentado dar un paso más allá, y no se ha contentado con esa reforma de la
oficina judicial, sino que también ha pretendido una modificación sustancial de
la organización judicial, mediante la creación de tribunales de instancia. Pero
de inversión en medios humanos y materiales, no ha habido nada nuevo en la
etapa de Gallardón.
Sea como
sea, y gracias a las presiones
realizadas desde diversos sectores (judicatura,
municipios) y muy especialmente por STAJ y las organizaciones
firmantes del preacuerdo suscrito en el mes de julio, si el
nuevo Ministro pretende continuar con la reforma de la LOPJ , se va a encontrar un proyecto que
no se parecerá en nada al inicialmente propuesto por el anterior Ministro,
pues aunque contemple la existencia de los tribunales de instancia, no desaparecerán los partidos
judiciales, ni las
oficinas judiciales de paz –aunque
sí sus jueces-, y, en cuanto al estatuto jurídico del personal al servicio de la Administración de
Justicia, los centros de
destino serán municipales y
no provinciales, manteniéndose los centros actualmente previstos en la Ley , prohibiéndose la movilidad
geográfica ordinaria forzosa, o potenciándose
la promoción interna, entre otras cosas que se mejoran, además del
compromiso de un desarrollo reglamentario para mejorar cuestiones como las
sustituciones o las comisiones de servicio.
STAJ ya ha solicitado al Ministro una reunión urgente donde
abordar todas estas cuestiones. Esperemos que esa mano tendida que ha mostrado
en su toma de posesión, llegue a los trabajadores que constituimos más del 80
por ciento de quienes trabajamos al servicio de la Administración de
Justicia.