Cómo
llevaría Alberto Ruiz-Gallardón su Ministerio, que en un dictamen del Consejo
de Estado al que ha tenido acceso este diario aparece esto: la Secretaría General
Técnica del
Ministerio de Justicia recomienda que se modifique «en contenido, estructura y
forma» un proyecto del real decreto del mismo Gallardón. Así de insólito.
El
ministro dimitió en la misma semana en que explotó discretamente otro lío de su
Ministerio con mucha menor trascendencia pública que la reforma de la ley del
aborto, pero que afecta personalmente al presidente del Gobierno y a sus
hermanos.
Se trata
de la decisión del Gobierno del pasado 4 de julio de encomendar a los
compañeros registradores de Rajoy la llevanza del Registro Civil y organizar en
agosto la discreta adjudicación millonaria de un nuevo y único sistema
informático para todos los registros españoles. Todo por «procedimiento
negociado y sin publicidad», sólo con empresas invitadas, y alegando «seguridad
nacional».
Para ello,
la ley crea una nueva Corporación de Derecho Público con capacidad de
formalizar el contrato al margen del Colegio de Registradores de la Propiedad , al que
pertenece el propio Rajoy, que es aún titular -aunque no ejerza- del Registro
de la Propiedad
de Santa Pola. Todo este extraño montaje legal, que ha desarrollado Gallardón
como titular del Ministerio de Justicia, ha provocado que la junta directiva
del Colegio de Registradores haya decidido presentar una denuncia sin
precedentes ante la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC)
contra la norma firmada en persona por su compañero Rajoy, por vulnerar, en su
opinión, lo que debe ser una contratación pública normal. Así lo desvela el
propio decano del colegio, Gonzalo Aguilera, en una carta interna (ver extracto
adjunto) a la que ha tenido acceso este diario.
En el
Colegio se considera que llevar el Registro Civil es un regalo envenenado y
que, peor aún, puede que sea una simple excusa para que alguien dé un pelotazo
sin que ellos puedan impedirlo al perder por primera vez el control de su
sistema informático, que alberga datos de todos los españoles. Aguilera hace en
su carta un relato asombroso de cómo Gallardón le dice que si quiere tener
acceso al contrato, el Colegio puede presentarse a última hora al concurso en
alianza con alguna empresa tecnológica. Pero Telefónica, Indra y Microsoft
dijeron al decano que tenían ya «compromisos previos».
Gallardón
reaccionó al enterarse con «gran preocupación». El diputado de Izquierda Unida
Gaspar Llamazares ha presentado una batería de preguntas al Gobierno en las que
apunta en la trastienda del negocio a una empresa asturiana llamada Futuver,
aliada de Microsoft, que ya dio en 2012 un «pelotazo tecnológico» al cobrar a
la anterior junta del Colegio de Registradores 5,15 millones de euros, 12 veces
por encima del precio del mercado, según una auditoría posterior. Llamazares
apunta connivencia con Futuver del director general de Registros y del
Notariado del Ministerio, Joaquín Rodríguez, y del hermano del presidente, el
registrador Enrique Rajoy. Además de la intervención de Llamazares, coincide
que la directora de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores es
la ex ministra del PSOE,Beatriz Corredor. ¿Operación política contra Rajoy? «En
absoluto, muchos registradores más bien del PP están de acuerdo en que hay que
parar esta cacicada», aseguran otros miembros del Colegio. También la junta
directiva de la Asociación
de Registradores Francisco de Cárdenas ha decidido presentar también su propia
denuncia ante la CNMC.
Con
independencia de si el contrato vulnera o no las reglas de la competencia, el
proyecto de Real Decreto de Gallardón que desarrolla lo firmado por Rajoy «debe
ser reconsiderado en lo que se refiere a sus grandes orientaciones (...) hace
una lectura inconstitucional del mandato legal», según el demoledor dictamen
del Consejo de Estado, que se basa en un informe de la Secretaría General
Técnica del
propio Gallardón. El Gobierno debe aclarar este embrollo, uno más por los que
Gallardón dimite o le hacen dimitir. No sólo es la ley del aborto.