El Ministerio convocó ayer a los sindicatos a una reunión por
videoconferencia, en la que anunció la aprobación urgente de un nuevo Decreto
Ley que modificará la actividad judicial.
Comprendemos que nos citen con precipitación dada la situación de
crisis, lo que no es admisible es su total falta de transparencia. No ha
concretado exactamente lo que pretenden hacer ni nos ha dado nada por escrito,
por lo que no podemos saber si realmente tienen algo planificado o están
improvisando sobre la marcha.
Los funcionarios judiciales queremos poder prestar cuanto antes al
cien por cien el servicio público que es nuestra razón de ser. De hecho, en
estos momentos todos los Juzgados y Tribunales de España están abiertos y con
funcionarios judiciales trabajando en ellos. Y eso ha sido así desde el
principio de la crisis sanitaria.
El problema estriba en la endémica falta de medios que sufre la
Administración de Justicia, con muchas Oficinas judiciales en las que tanto el
público como los trabajadores están hacinados y donde es prácticamente
imposible mantener unas mínimas distancias de seguridad, con unos sistemas
informáticos obsoletos y unas redes internas que colapsan y nos impiden realizar
correctamente nuestro trabajo o lo entorpecen en muchos casos.
Desde este sindicato llevamos años denunciando estas graves carencias,
reclamando soluciones, proponiendo medidas de mejora y unos medios adecuados a
ese mismo Ministerio de Justicia que ahora pretende enmascarar su falta de
previsión con dudosas imposiciones a golpe de decreto ley.
Anuncian cambios drásticos de la noche a la mañana. Unos cambios que
pueden suponer meses de reforma y adaptación, con traslados de expedientes,
cambios de protocolos o nuevos sistemas de gestión. Y mientras tanto ¿Cómo
atendemos las necesidades de los ciudadanos? ¿Cómo aliviamos el colapso que se
está creando a consecuencia de la multitud de demandas que ya están entrando a
consecuencia de la crisis?
Para colmo, el Ministerio, por más buenas intenciones que nos
muestre, no está en condiciones de garantizar la protección de la salud
de los funcionarios ni de la ciudadanía en general, pues no tiene capacidad
para suministrar equipos de protección, test de diagnóstico, o elementos de
seguridad ante el importante incremento previsto en la dotación presencial en
los órganos judiciales, tanto de funcionarios, como de público. Ni
siquiera está en condiciones de realizar diariamente una limpieza y
desinfección de los locales judiciales que minimice los riesgos de contagio
ahora que estarán abiertos todo el día.
Los funcionarios judiciales constituimos más del 70% de todo el
personal y somos quienes atendemos al público a diario, quienes realizamos
todos los trámites, y quienes conocemos en primera persona cual es la situación
real en los juzgados y tribunales de toda España. Por ello podemos aportar
sugerencias que mejoren el servicio y agilicen la justicia, pero el Ministerio
nos ignora sistemáticamente.
Queremos seguir prestando el servicio que ya estamos prestando y
hacerlo al máximo rendimiento. El país lo necesita ahora y estamos dispuestos a
ello. Pero el Ministerio está más ocupado en aprovechar la situación de caos
para imponer sus proyectos políticos al precio que sea, con dudosos
experimentos que no sabemos donde nos llevarán.
Por eso le pedimos al Ministerio un poco más de humildad y sentido
común. No es bueno adoptar dudosas medidas improvisadas o a las bravas como se
pretende, sin escuchar siquiera a las partes implicadas y sin aplicar unas
mínimas garantías jurídicas, porque corremos un serio peligro de que se colapse
todavía más el sistema judicial.
No tenemos nada en contra de este gobierno. Somos un sindicato
estrictamente profesional y sin connotaciones políticas de ningún tipo, pero la
actitud de imposición sin valoración de las opciones que aportamos los
sindicatos hace mucho tiempo que no la veíamos.
La Justicia es uno de los pilares del Estado de Derecho y ningún
Gobierno de un país que se considere democrático puede adoptar decisiones de
calado sobre la misma de forma unilateral o precipitada e ignorando al resto de
los operadores políticos y sociales. Nuestro país necesita más que nunca una
Justicia que resuelva sus problemas y los funcionarios de Justicia estamos ahí,
como siempre, dispuestos a arrimar el hombro prestando el mejor servicio
público posible, y todavía más en una situación como la actual
Necesitamos tomar decisiones con rapidez, pero no de forma
improvisada, ni mucho menos de manera unilateral con la excusa del estado de
emergencia y al margen del marco jurídico y laboral que todavía siguen
vigentes. Hagamos las cosas bien y démosle a nuestro país la justicia que se
merece.