Un gobierno sordo y ciego ante una Justicia que revienta por los cuatro costados.
Este comité de huelga anuncia que no asistirá a la reunión convocada el viernes para “negociar” los servicios mínimos del ámbito no trasferido pues entiende que se trata de una mera estrategia del Ministerio para alargar el conflicto de manera artificial a costa de millones de ciudadanos, de su dinero, de sus derechos y de sus intereses que dependen de una resolución judicial.
La realidad es que esos servicios mínimos ya están negociados: la propuesta debería ser la misma que la que rige en la actualidad pues no hay nuevo formato de huelga sino extensión de los días en los que se va a ejercer ese derecho.
Un mes de huelga, más de 500.000 juicios suspendidos y aplazados, más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas y millones de ciudadanos afectados que ven sus juicios demorados varios meses o años y sus asuntos paralizados por la actitud irresponsable de las Ministras de Justicia y de Hacienda y del Presidente del Gobierno que desde hace una semana tiene la petición de intervención en el conflicto en su mano.
Lamentamos el perjuicio que se está causando a los profesionales liberales y a los ciudadanos, pero el único responsable es el Gobierno con su Presidente a la cabeza.
La pregunta que se hace la ciudadanía es por qué el Gobierno firma un acuerdo
con los Letrados de la Administración de Justicia y no tiene preparado un plan
de contingencia para atender las reivindicaciones que, sin ninguna duda, se
iban a plantear desde el resto del personal de la oficina judicial (Jueces,
Fiscales y resto de funcionarios de Justicia). Era “de cajón” que el acuerdo
con el comité de huelga de LAJ cerraba en falso un conflicto en la
Administración de Justicia.
Dos meses más tarde de la firma de ese acuerdo, todavía no se ha
cerrado el conflicto con los Jueces y Fiscales y ni siquiera se ha comenzado a
hablar con el resto del personal de Justicia poniendo en peligro el
funcionamiento del tercer poder del Estado, clave para un Estado social y
democrático de Derecho.
Nos preguntamos si Justicia y Hacienda no tienen capacidad para abrir las
dos negociaciones de forma paralela para intentar que el conflicto se
cierre cuanto antes, en vez de jugar con los derechos de la ciudadanía para intentar
cansar a los y las funcionarios/as huelguistas.
Cada día de huelga, la indignación crece entre el personal de la Administración
de Justicia. Si lo que pretenden es cansarnos, se equivocan. La determinación
de que es ahora o nunca es cada día más clara. Y así se demuestra con el
altísimo grado de participación en la huelga que, con datos reales, supera al
85% de las plantillas y que sigue creciendo cada día.
Le toca explicar a Pedro Sánchez por qué permite que miembros de su gobierno
progresista que, según dice, defiende a los trabajadores, mientras acuerdan con
Letrados de la Administración de Justicia, y proponen a Jueces y fiscales,
millones de euros en retribuciones deja a quienes menos cobramos en la oficina
judicial y fiscal y otros servicios sin propuesta económica alguna.
El comité de huelga ha mostrado desde el principio su voluntad de
negociación poniendo encima de la mesa una propuesta de subida
salarial justa, y de negociación del contenido de la ley orgánica de eficiencia
organizativa que afecta, radicalmente, a los derechos laborales del personal de
justicia. Una petición de redistribución, redefinición y clarificación de las
funciones que efectivamente se realizan en las oficinas judiciales en beneficio
de una justicia más eficiente y eficaz con su reconocimiento laboral y
retributivo.
Una propuesta que no sólo se fija en lo económico, sino que plantea propuestas de mejora del servicio público de la que el Gobierno, que como dice la Ministra de Justicia, va a lo suyo, hace caso omiso. Con esta actitud, este Gobierno demuestra que la Justicia no es lo suyo y que los derechos de los ciudadanos tampoco.
A pesar de los días de huelga, miles de funcionarios y funcionarias de
Justicia estamos secundando mayoritariamente los paros y movilizaciones. Esos
miles de funcionarios/as de Justicia que han dicho basta ya en un grito de
dignidad profesional y de demanda de respeto a su trabajo, derechos y funciones
en la oficina judicial. Y vamos a seguir así, la semana que viene, con la
huelga indefinida, “recibiendo” con pitidos a las Ministras de Justicia y
Hacienda y al propio Presidente del Gobierno en sus actos públicos, con la
concentración en la sede del PSOE de la calle Ferraz de Madrid el día 23, la
manifestación masiva que se prepara para el día 25 de mayo desde la sede del
Ministerio en la calle San Bernardo y la sede de Función Pública en la calle
Santa Engracia, y más medidas de denuncia y presión que están en cartera.
La pelota está en el tejado del Gobierno. Del mismo Gobierno que dice públicamente
que la modernización de la Justicia incluye subir salarios… pero hasta ahora,
solo de la minoría que más gana y no de la mayoría que menos gana. Del mismo
Gobierno y de su Ministra de Justicia que habla de diálogo y negociación
mientras ha despreciado durante dos años las propuestas sindicales para la Ley
de Eficiencia Organizativa o el desarrollo de la carrera profesional y la
reducción de los grupos de población conforme a lo que el comité de huelga
presentó al inicio del conflicto.
Somos el 93% de la oficina judicial.
Somos quienes sacamos adelante el ingente trabajo en los Juzgados.
Somos quienes hacemos el trabajo que otros cobran.
Somos funcionarios/as de Justicia que exigimos reconocimiento y respeto, así
como nuestro papel esencial en cualquier reforma de la Administración de
Justicia.
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