
Proponemos un registro de incidencias, llevado en una base de datos, que permita la elaboración de informes y estadísticas sobre el funcionamiento de la administración de justicia, proponer mejoras y expedir certificaciones para la defensa de los trabajadores sobre hechos o circunstancias registradas.
A modo de ejemplo podemos citar situaciones como:
Las de plazas vacantes o bajas por enfermedad que se quedan sin atender por falta de nombramiento de interinos y que al final producen retrasos en la parte de trabajo afectado por dicha plaza.
Las pérdidas de tiempo por el mal funcionamiento de los programas y aplicaciones informáticas procesales, incluido las causadas por las gestiones de comunicación de incidentes a los servicios de reparación (CAU), que afectan al rendimiento y eficacia laboral.
Los encargos de tareas que no son propias de las funciones del cuerpo al que se encomiendan.
Las situaciones de conflictividad laboral.
Las sobrecargas o mal reparto de las cargas de trabajo.
Los accidentes y enfermedades laborales
En definitiva, cualquier hecho o circunstancia que afecte al buen funcionamiento del servicio que prestamos los funcionarios de la administración de justicia y que sin ser los productores o causantes de los mismos, nos pueda derivar en cualquier tipo de menoscabo o responsabilidad o repercutir en nuestros derechos o deberes laborales.
Este registro necesitará, por supuesto, contar con la participación de todos los funcionarios en la comunicación al mismo de las situaciones incidentales.
A su vez, el registro permitiría activar la Junta de Personal y dotarla de información precisa para realizar las reclamaciones que correspondan de una forma más objetiva y rigurosa en cuanto al alcance y número de afectados.
Para ver la propuesta presentada, pincha aquí.