24 de noviembre de 2012

CARTA DE STAJ AL MINISTRO DE JUSTICIA


EXCMO. SR. D. ALBERTO RUIZ GALLARDÓN
MINISTRO DE JUSTICIA
Excmo. Sr. Ministro
Nos dirigimos a V.E. para transmitirle nuevamente el descontento existente entre los distintos colectivos de la Administración de Justica, como representantes de una parte importante de los mismos.
Todo ello aclarando de antemano que este sindicato vuelve a ofrecer, una vez más su plena disposición al diálogo para buscar soluciones a los problemas existentes en la Administración de Justicia, por todos conocidos. Pero igualmente hemos de manifestarle que estamos convencidos de que nuestras reivindicaciones son justas e imposibles de silenciar y por este motivo hemos convocado la Huelga del 14N y continuaremos con las movilizaciones hasta encontrar soluciones a los conflictos existentes.
Tras la publicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, el actual Gobierno, con el Ministerio de Justicia a la cabeza, decide reformar la LOPJ de forma unilateral e impuesta, sin haber mediado previamente el más mínimo diálogo con los representantes de los funcionarios a quienes dicha reforma afecta de manera directa, con recortes no sólo salariales sino también de derechos esenciales cuya pérdida no podemos permitir. La posibilidad de la imposición de la movilidad geográfica que dicha reforma incluye es un ataque directo a los funcionarios, además de ser innecesaria y en absoluto útil para solucionar los problemas de esta Administración, y supone, por lo demás, a nuestro juicio, una vulneración de lo establecido en la propia Constitución Española, pues remite a la legislación general de la función pública algo que debería estar regulado expresamente en la LOPJ, por formar parte del estatuto jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia.


Se pretende también una reforma en profundidad de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, con la instauración de los Tribunales de instancia, pero no sólo no se cuenta con nosotros para hacer nuestras aportaciones a esos proyectos de reforma de la Justicia, sino que además se hace a nuestras espaldas y sin respetar ni consultar en lo más mínimo la opinión de quienes trabajamos día a día en esta Administración y hemos contribuido de manera constante a que no caiga en el colapso más absoluto, a pesar de las notables deficiencias que padece y que son reconocidas por todos.  
Por otro lado, vemos también con enorme preocupación el proyecto de Ley de tasas, que hará que el acceso a la Justicia sea privilegio de unos pocos, ley que nos afecta como ciudadanos, pero también y muy especialmente como trabajadores, pues además de las tasas –de las que no estaremos exentos en los recursos- se entorpece y encarece nuestra posibilidad de defender en vía jurisdiccional nuestros derechos laborales al imponerse la obligatoriedad de asistencia de abogado y procurador, discriminándosenos con respecto a los trabajadores sometidos al derecho laboral, que no precisan de tales profesionales cuando, en general, se trata de defender sus derechos laborales ante la jurisdicción.
Todas estas decisiones las vemos desde el STAJ como la antesala de un cambio de modelo en la actual Administración de Justicia que no podemos compartir. Desde este Sindicato llevamos reclamando desde siempre un cambio en la insostenible situación del actual modelo, pero tristemente el cambio que se nos pretende imponer lo vemos como un claro desmantelamiento de este Servicio Público, pues lejos de incidir en lo que sería necesario para la modernización de la justicia, vemos que lo que se hace es cercenar derechos de los trabajadores de esta Administración sin que ello pueda suponer avance alguno en esa línea de modernización. Ninguna reforma en la Administración de Justicia servirá para sacarla del atasco generalizado si no se hace con la necesaria inversión en medios materiales y personales, que es lo que venimos pidiendo insistentemente desde hace años ante la precariedad de los existentes, sin perjuicio de una reforma organizativa que también es necesaria pero que no debe suponer cercenar derechos de ciudadanos y funcionarios sino todo lo contrario. Sinceramente, no vemos en ninguna de las reformas legales una verdadera intención de mejorar esos medios, más bien vemos, como hemos señalado antes, que las consecuencias de esas reformas supondrán perjuicios a los ciudadanos y al personal al servicio de la Administración de Justicia.
La defensa del Servicio Público de la Justicia, con acceso a todos los ciudadanos es primordial y prueba de ello son las reclamaciones que ha recibido de otros colectivos vinculados a la Justicia. Estamos seguros de que existen alternativas y se pueden encontrar soluciones, pero siempre con el diálogo de los colectivos afectados entre los que los funcionarios de justicia, a través de sus representantes sindicales, somos pieza clave.
Insistimos: STAJ lleva reclamando desde siempre un cambio a la insostenible situación del actual modelo de Administración de Justicia, pero en la actualidad es difícil llevar a buen puerto ese cambio sin la inversión necesaria. Por este motivo hay que priorizar las necesidades y los proyectos imprescindibles relegando todo aquello que a todos nos gustaría pero que en la actualidad  es imposible de asumir por el coste necesario que conlleva.
Solicitamos buscar alternativas con los profesionales que trabajamos día a día al servicio de la Administración de Justicia pues somos los mejores conocedores de la realidad de los Juzgados y Tribunales. La peor manera de hacer las cosas es la imposición unilateral de estas reformas y nuevas leyes.
Este sindicato cree en la Administración de Justicia como un pilar fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho en el que vivimos y como tal debe mejorarse en la medida de lo posible dado el difícil momento económico en que nos encontramos, pero desde luego lo que no podemos permitir es que retroceda en sus prestaciones a los ciudadanos y en derechos de quienes trabajamos a su servicio.
Un ejemplo de lo que no puede hacerse es la externalización de servicios o funciones de la Administración de Justicia, algo que no estamos dispuestos a consentir.  Es lo que ya está sucediendo de facto en la Audiencia Nacional habiendo sentado a personas ajenas a justicia, dicho coloquialmente “personas de la calle”, en los propios puestos de trabajo de los funcionarios de justicia de la AN. Nos permitimos recordarle la reserva de función recogida en la LOPJ, por lo que encomendar funciones propias de los funcionarios de la Administración de Justicia a personal que no lo es, resulta de todo punto ilegal.
La especialidad y especificidad de este colectivo por el conocimiento de los procesos judiciales en las distintas jurisdicciones, y del personal de los IML e INTCF en su trabajo diario es algo que debe respetarse y debe ser digno de protección, pues es un valor del que no puede prescindirse si queremos de verdad que esta Administración sirva con eficacia a los intereses generales. El objetivo último de todo Gobierno debe ser servir al ciudadano y eso lo hace a través de los Servicios Públicos.
Si lo que VE persigue es poner en marcha una reforma que nadie antes ha sido capaz de conseguir, ello supone un reto que será inalcanzable si no cuenta con el colectivo más implicado en esta causa, el de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Si de verdad quiere una reforma que perdure en el tiempo y que no sea fuente de constantes conflictos, cuente con nosotros y no legisle de espalda a los trabajadores, imponiendo condiciones de trabajo que hacen aún más duras la ya de por sí difícil situación económica en que nos encontramos tras los sucesivos recortes salariales que venimos padeciendo desde dos años y medio.
Por todo ello nos dirigimos a V.E. para expresarle que es imposible mantenernos en silencio ante la situación actual. Exigimos la búsqueda de soluciones y le reiteramos, una vez más, nuestro ofrecimiento al dialogo para que la verdadera reforma de la Justicia se fundamente en el consenso de todas las partes implicadas.
En Madrid a 16 de noviembre de dos mil doce.
FDO VICENTE NAVARRO PEREZ
SECRETARIO GENERAL STAJ