Los
funcionarios de Justicia pidieron el jueves la dimisión del ministro Gallardón, por
el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros con el que trabaja
su departamento, todavía en proceso de debate, y han denunciado que la reforma
convertirá el registro en un "negocio privado y especulativo al servicio
de la familia y parientes del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del
ministro".
La
coordinadora de STAJ, Emilia
Rubio, ha criticado que la reforma va a "pasar los
registros civiles a los registradores de la propiedad". "¿Son
funcionarios públicos? Sí, pero también es un negocio porque son privados y,
además, es un colectivo que recibe aranceles y que su personal no es un
profesional de justicia", ha destacado.
Rubio ha
recordado que los funcionarios de justicia tienen "un deber de secreto,
una serie de condiciones laborales específicas y provisionales", así como
que esta privatización se produce tras una inversión para modernizar,
informatizar y digitalizar los registros civiles de 128 millones de euros de
dinero público, que ahora se "aprovecharán" para una gestión privada.
Los
sindicatos CSIF, CCOO, UGT y STAJ han emprendido una campaña de recogida
de firmas en contra de la reforma de los registros civiles impulsada por el
Gobierno que, según sus datos, supondrá la supresión de 3.500 empleos en la Administración de
Justicia.
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