9 de marzo de 2015

Los ciudadanos pagarán la nueva gestión del Registro Civil

Por si alguien lo dudaba, en este artículo publicado ayer en El País se desvela cómo será la financiación de la privatización del Registro Civil, y que STAJ viene denunciando desde hace mucho tiempo. STAJ exige al Ministerio de Justicia que deje ya de mentir a los ciudadanos y explique públicamente sus planes para “regalar” a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles un servicio público que ha venido siendo gratuito desde hace siglo y medio, financiado únicamente con los impuestos de los ciudadanos y sin tasas ficticias y artificiosas creadas ad hoc para pagar por trámites inventados e inútiles.
El Gobierno está negociando con los registradores mercantiles nuevos aranceles y nuevas gestiones por las que los ciudadanos deben pagar para compensarles por asumir la gestión del registro civil, según un documento interno del Ministerio de Justicia. El Gobierno busca la forma de retribuirles de forma encubierta a través de enmiendas al proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil que se tramita en este momento en el Congreso.
El anterior Gobierno promovió en 2011 un cambio legal que se aprobó en el Congreso por unanimidad para desjudicializar el registro civil. Dejó en el aire qué funcionarios asumirían la gestión hasta que el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, decidió que serían los registradores mercantiles los que asumieran esa función a pesar de que no tienen nada que ver con ese cometido, con el compromiso de no provocar encarecimiento o coste para los ciudadanos por el uso de este servicio que ahora es gratuito.
Sin embargo, los registradores mercantiles exigieron compensaciones que el actual titular de Justicia, Rafael Catalá, busca cómo satisfacer. Son funcionarios, pero sin salario público, con ingresos que dependen de sus gestiones y, además, deben utilizar a más personal para hacerse cargo de la gestión del registro civil. Por eso, las enmiendas que estudia Justicia y que presentará el PP en los próximos días han sido negociadas con el Colegio de Registradores, y en los borradores se establecen nuevos cometidos que sí costarán dinero a los ciudadanos. Por ejemplo, se establece que los poderes y los registros de seguros deben ser inscritos, trámite que hasta ahora no era necesario y por el que cobrarán los registradores.
Fuentes de Justicia admiten que esas peticiones están incluidas en un “documento interno de trabajo” que sirve de borrador de las enmiendas y en el que se habla abiertamente de mecanismos para que los ciudadanos paguen de forma encubierta esa gestión del registro civil. Estas fuentes aseguran que aún no hay nada decidido.