19 de julio de 2016

MUGEJU: SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL A PARTIR DEL 7º MES DE BAJA MÉDICA

Como informamos el pasado 11 de diciembre en un artículo sobre el subsidio por i.t. a partir del 7º mes de baja médica, MUGEJU comenzó a aplicar en la gestión del mencionado subsidio por i.t. una interpretación restrictiva respecto del reconocimiento y abono del subsidio, lo que implicaba que los efectos económicos ser producían a partir de los 3 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud (carácter retroactivo de 3 meses hacia atrás desde que se pide el subsidio) y por otro lado, que se establecía un límite temporal para la petición del subsidio, transcurrido el cual, no se reconocía del derecho; ese límite era la fecha de alta médica, es decir, había que solicitar el subsidio estando de baja médica, puesto que si solicitaba una vez que se obtenía el alta médica, no se reconocía el derecho al cobro del subsidio.

MUGEJU ha cambiado de opinión, y ha estimado oportuno retomar los criterios y límites que tradicionalmente venían operando en MUGEJU, aplicando la normativa especial que rige y regula el mutualismo administrativo (MUGEJU).

Como consecuencia de ello, a partir de ahora, ya no rigen los límites mencionados, y se tramitarán todas las solicitudes de los mutualistas para el abono del subsidio por i.t., otorgando efectos económicos a partir del primer día del 7º mes de baja médica (esto no ha cambiado), cualquiera que sea la fecha de presentación de la solicitud (ES OBLIGADO PRESENTAR LA SOLICITUD, PORQUE DE NO HACERLO, MUGEJU NO ABONA EL SUBSIDIO), con el límite temporal para el reconocimiento y abono del derecho al subsidio,  de 4 años.


STAJ ha venido presionando a MUGEJU para que cambiara de opinión en su interpretación restrictiva del reconocimiento y abono del subsidio por i.t., hasta el punto de que teníamos la intención de acudir a los Tribunales en defensa del derecho de los mutualistas al reconocimiento y cobro del subsidio. Nos  parece correcto que MUGEJU haya cambiado de criterio, sin necesidad de entrar en una confrontación administrativa y judicial.