El tiempo corre hacia el comienzo de la huelga de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia, el próximo día 17 de abril de 2023, y seguimos sin movimientos ni propuestas por parte del equipo ministerial.
La Ministra de Justicia está escondida y no es capaz de dar la cara y
coger el toro por los cuernos; parece no preocuparle la repercusión de una
nueva huelga contra su departamento ministerial y el impacto en un servicio
público fundamental como es la tutela judicial efectiva.
Claramente algo está haciendo muy mal pues la culpa de esta
convocatoria de huelga es de su equipo ministerial que han hecho una nefasta
gestión de otros conflictos, y la responsable política última es ella: está
llevando a un colapso irreversible a la Administración de Justicia.
Para más inri su ministerio ha aprobado una resolución de servicios
mínimos para su ámbito competencial injusta y privativa de derechos a modo de
venganza por la convocatoria de la huelga.
La resolución aprobada por el Ministerio ha sido tan decepcionante
como nos temíamos. No se ha tenido en cuenta que salvo el día 19, la huelga
convocada se desarrollará con paros parciales de 10 de la mañana a 13 horas y
pese a ello el Ministerio ha decidido lanzar toda su artillería con unos servicios
mínimos que no se ajustan a la realidad de los Juzgados y Oficinas Judiciales.
El Ministerio de Justicia ha llegado al paroxismo imponiendo en
algunas oficinas judiciales la totalidad de la plantilla como servicios mínimos
impidiendo a quien está allí destinado el ejercicio del derecho constitucional
de huelga.
El Ministerio impone que toda la actividad de las oficinas y juzgados
sea servicio esencial, desde la apertura de los mismos a la tramitación de
cualquier diligencia sujeta a plazo (como si alguna no lo estuviera) la
presentación de escrito o incluso la solicitud de información.
Rechazamos la suspensión de los días de vacaciones y asuntos
particulares durante la huelga así como del teletrabajo. Éstas medidas suenan
más a represalia que a otra cosa, pues no pueden restringirse los derechos del
personal con el único de fin de dificultar el derecho de huelga.
Esta resolución de servicios mínimos es para el comité de huelga un
ataque injustificado a los derechos laborales del personal no transferido de la
Administración de Justicia y nuestras asesorías jurídicas ya están
preparando los recursos y solicitudes de suspensión cautelar para evitar
este nuevo atropello.