Desde el pasado mes de julio, tras la
publicación del Real Decreto Ley 20/2012, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, las empleadas y
los empleados públicos venimos mostrando nuestro profundo malestar a través de
movilizaciones en todos los sectores y Administraciones.
La citada norma conllevó la supresión de
la paga extraordinaria de diciembre, de tres de los seis días de libre
disposición ordinarios y de los días adicionales de libre disposición y de
vacaciones por antigüedad, así como una importante reducción de retribuciones
durante la situación de incapacidad temporal. Y con la nueva Ley de Tasas, se
restringe y se entorpece el acceso a la Justicia de las empleadas y empleados
públicos en defensa de sus derechos laborales. A lo que hay que añadir la
congelación de la Oferta de empleo público, la amortización de vacantes y la
reciente aprobación del Reglamento que regula y facilita los despidos
colectivos en el ámbito de las Administraciones Públicas, con el consiguiente
incremento de la tendencia que pone de manifiesto la última Encuesta de
Población Activa, en la que, por primera vez, se pierde más empleo público que
privado.
La novena Huelga General
de la democracia en España contra las políticas de austeridad y recortes
generales se circunscribe en un contexto de movilizaciones a nivel
internacional en 22 estados europeos. España, Portugal, Italia, Bélgica. Grecia,
Chipre y Malta han convocado jornada de huelga general o paros parciales. El
resto de países han convocado protestas y manifestaciones. En España los datos
de seguimiento de esta huelga reflejan una incidencia mayoritaria en las
plantas industriales, centros de distribución, prácticamente paralizados, así
como en el transporte público, con un seguimiento menor en el pequeño comercio.
En la Administración de Justicia ha tenido un seguimiento desigual, con grandes
diferencias territoriales e incluso por localidades, por debajo del 50% de
seguimiento. 
Continúan las concentraciones de los funcionarios de la
Administración de Justicia de Murcia por toda la Región, contra la política de
recortes, la supresión de partidos judiciales y la reforma de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Esta vez ha sido en los partidos judiciales de Jumilla y
Yecla dónde se concentraron la mayoría de los funcionarios que trabajan en
sendos lugares.
