• Requiere al juzgado, con
fundamentos jurídicos, la paralización de la ejecución hipotecaria hasta la
modificación de la ley procesal por el Gobierno o que el Tribunal de Justicia
de la UE resuelva la cuestión prejudicial sobre el sistema de ejecución
hipotecario español.
El Consejo General de la Abogacía
Española ha puesto a disposición de todos los ciudadanos afectados por
ejecuciones hipotecarias y a las asociaciones de consumidores un escrito
dirigido al órgano judicial competente para que acuerde la suspensión inmediata
del desahucio de la vivienda sujeta al préstamo hipotecario.
(Si no puede descargarlo,
inténtelo desde aquí.)
El escrito fundamenta sus
alegaciones para paralizar el desahucio en la “situación de emergencia social
causada por las más de 400.000 ejecuciones hipotecarias que se han producido en
España desde 2007”
y las miles que se están tramitando. Hay que tener en cuenta que el artículo
3.1 del Código Civil establece que las normas jurídicas han de interpretarse
con arreglo “a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”, que
en los actuales momentos exige una clara visión pro ciudadano.
El documento, fruto de la
sensibilidad común sobre el tema de la vivienda de instituciones como la PAH y
los Colegios de Abogados, ha sido confeccionado por de letrados de ambos
organismos.
En muchos de los procedimientos
seguidos, los afectados, dada su precaria situación económica, no han podido
designar abogado y procurador que los defienda y represente, por lo que los
procesos judiciales se han seguido en situación de rebeldía.
Los desahucios masivos en el
actual entorno de crisis económico-financiero y con alta tasa de desempleo
conllevan a la práctica de desalojos forzosos incompatibles con el Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ratificado por
España y que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico.
También se pide la paralización
de la ejecución hipotecaria por la inminente resolución del Tribunal de
Justicia de la UE (TJUE) sobre la cuestión prejudicial C415/2011 planteada por
el Juzgado Mercantil 3 de Barcelona para que valore si el sistema de ejecución
hipotecario español respeta los parámetros mínimos exigidos por la normativa
comunitaria de tutela de consumidores y usuarios.
