El Gobierno provoca un embrollo legislativo
al retrasar la aplicación de una norma de 2011.
En julio de 2011, todos los grupos políticos, a propuesta
del PSOE, se pusieron de acuerdo para aprobar una ley que ordenaba delegar ese
trabajo puramente administrativo en “funcionarios públicos distintos de
aquellos que integran el poder judicial del Estado”, para que los jueces
pudieran concentrarse en lo esencial: juzgar. La ley no especificaba en qué
cuerpo de “funcionarios públicos” se delegaría; previendo que la transición
sería compleja, el Congreso estableció una vacatio legis: un plazo de entrada en vigor, de tres
años. El traspaso de los registros debía estar en funcionamiento, por tanto, el
22 de julio de 2014. Dentro de dos meses.
El Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, no ha logrado llegar
a un acuerdo con ningún cuerpo de funcionarios para ejecutar el traspaso.
Lo intentó con los registradores de la propiedad —lo que provocó una intensa
polémica porque algunos sindicatos y asociaciones judiciales vieron ahí un paso
hacia la privatización—, pero finalmente ha desistido. Por eso en este momento
es imposible que la ley de 2011 entre en vigor pero, a la vez, se cumple el
plazo establecido en la norma. Se produciría así a partir del 22 de julio una
extraña situación, con una ley inaplicable aunque formalmente en
funcionamiento. Los jueces seguirían al frente de las oficinas del Registro sin
tener jurídicamente competencia para ello.
Y en tres años no se ha
conseguido. El ministerio anunció primero que
delegaría el Registro Civil en los registradores de la propiedad, a pesar de
que su función a priori no tiene nada que ver. Alegó que los registradores son
un tipo especial de “funcionario público” (dependen del Gobierno y acceden por
oposición, aunque no cobran una nómina sino aranceles a sus clientes), y
rechazó las acusaciones de privatización asegurando que todos los trámites seguirían siendo
gratuitos. Eso bloqueó la negociación con el Colegio de Registradores,
negociación que finalmente se rompió hace dos meses. Gallardón
anunció entonces que no renunciaba a desjudicializar el Registro Civil (entre
otras cosas, porque la ley de 2011 le obliga), y que la solución pasaría por delegarlo en "funcionarios de
distintos cuerpos". Aún no se sabe cuáles serán, ni cuándo.
Uno o dos años de prórroga
Fuentes
del ministerio garantizan que, aunque eso ocurra, los trámites que los
ciudadanos realizan en el registro a diario —algunos obligatorios, como la inscripción
de nacimientos y defunciones— seguirán realizándose. Pero admiten que hay que
evitar llegar a esa situación de limbo jurídico. Para lograrlo, Justicia barajó
varias posibilidades, incluida la de prorrogar por decreto ley la entrada en
vigor de la ley de 2011. Finalmente la solución encontrada, según
fuentes del Gobierno, es incluir una enmienda en alguna ley que se encuentre
ahora en tramitación en el Senado, para aplazar la entrada en vigor el tiempo
preciso de aprobar otra y poner en marcha el traspaso; es decir, probablemente
uno o dos años más.
